Ciudad de México.-La bancada de Morena en el Congreso capitalino notificó hoy al Pleno del órgano legislativo su agenda para el actual periodo ordinario de sesiones en donde contempla la aprobación de 48 leyes y reformas. No incluye la llamada Ley de Infancias Trans, pero sí reformas a la Ley de Salud para permitir el uso médico de la marihuana.
El plan de los morenistas considera modificaciones al Código Penal para que no prescriba el delito de corrupción; buscan reducir en 50 por ciento el financiamiento a partidos políticos y plantea modificaciones a la Ley para la Protección de Periodistas a fin de atender observaciones de la jefa de gobierno.
En la agenda que se entregó hoy al Pleno, la bancada mayoritaria define un primer rubro de “Agenda Estratégica”, en donde incluye la aprobación de una nueva Ley del Sistema Anticorrupción Local y de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en la materia, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejara inválidas las que ya estaban en vigor.
De hecho, este martes hubo una reunión de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para aprobar el dictamende nueva Ley del Sistema, pero los legisladores acordaron que eso ocurrirá hasta el próximo martes, pues el viernes 14 de febrero se distribuirá un nuevo proyecto con las iniciativas de los diputados Carlos Castillo, Guadalupe Chavira y Mauricio Tabe.
En ese dictamen se eliminará un artículo transitorio que inicialmente había presentado el diputado Carlos Castillo, por el que buscaba que se mantuvieran los nombramientos ya aprobados por el Congreso, de los contralores internos del Instituto de Transparencia, de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto Electoral local, así como de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema. Todo el procedimiento que llevó a esas designaciones deberá reponerse.
En su agenda, los diputados de Morena también plantean la aprobación de la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales, una iniciativa que la jefa de gobierno remitió al Congreso desde el año pasado. Con esa ley se difundirá la identificación de violadores que ya enfrenten una sentencia.
Destaca en esta lista una reforma a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a través de la cual se amplía la responsabilidad de los particulares para garantizar el cumplimiento de contar con programas y planes de protección civil en sus establecimientos mercantiles. Además, incorporará esquemas de protección civil en mercados públicos y centros de abasto.
Los morenistas se impusieron el compromiso de aprobar la polémica Ley de Trabajadores no Asalariados, respecto a la cual hay un interés abierto de dirigentes de vendedores ambulantes como Diana Sánchez Barrios y María Rosete, quienes han presentado iniciativas que se contraponen entre sí. Se espera que el 25 de febrero se apruebe en el Pleno del órgano legislativo esa ley.
En el caso de la Ley para la Protección de Periodistas, los diputados de la mayoría dijeron que atenderán “las observaciones de la jefa de Gobierno y se aprovechará su revisión para robustecer la protección de las personas en el ejercicio profesional del periodismo”.
En sus observaciones a esa ley, Claudia Sheinbaum planteó que se tome en cuenta la definición de periodista y colaborador periodístico, además de que se garantice a los trabajadores de los medios de comunicación que no revelarán sus fuentes de información en ningún proceso en el que sean llamados a juicio, ni como testigos ni como imputados.
Los diputados de Morena incluyen diversas modificaciones al Código Penal para, por ejemplo, sancionar la realización de terapias de conversión que pretendan modificar la orientación sexual; imputar la responsabilidad penal de personas morales; actualizar sanciones sobre la usurpación de identidad de adultos mayores beneficiarios de programas sociales; aumentar la pena para el delito de evasión de presos y establecer sanciones por el abandono de personas mayores.
También consideran sanciones penales contra los servidores públicos encargados de la impartición de justicia cuando, por omisión en su actuar se cometa un feminicidio, como fue el caso de Abril Pérez Sagaón. Además, pretenden castigar las intervenciones de comunicaciones en medios electrónicos cuando se actúe sin orden judicial.
En este periodo, los legisladores de Morena incluyeron el recorte por 400 millones de pesos al presupuesto del Congreso local, a fin de canalizar ese dinero a la Universidad de la Salud.
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