Ciudad de México.- Las denuncias que sistematiza de manera dolorosa y magistral Fray Bartolomé de las Casas en su obra La Brevísima, tuvieron tal impacto que lograron una reforma completa de la legislación sobre Indias. Las Leyes Nuevas, publicadas en Barcelona en 1543, son fatalmente derogadas tres años más tarde.
Desde ese momento se da cuenta de visiones diferentes sobre lo que significa la convivencia, comunidad y participación de las comunidades indígenas y pueblos originarios. Durante la época de la colonia, la lucha de Independencia, la Reforma y la Revolución, regímenes van, regímenes vienen y la forma de resolver el tema se sigue quedando corto.
Una vez concluida la etapa revolucionaria del país y bajo el esquema del México posrevolucionario se intentaron adoptar una serie de medidas para atender a las comunidades indígenas. Se propuso un modelo de asimilación basado en apoyos diversos para mitigar la marginación y pobreza en la que vivían “esos” pueblos y comunidades indígenas. El propósito fundamental era acercar de manera corporativa a los indígenas a la Confederación Nacional Campesina.
Años más tarde, México ratificó el Convenio 169 de la OIT en materia de pueblos indígenas y tribales en países independientes. Al año siguiente, 1992, se lleva a cabo la reforma al artículo 4° Constitucional, en donde se señala que: La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.
Sin embargo, el levantamiento Zapatista (1994) hizo saltar por los aires esta reforma. Los Acuerdos de San Andrés, de febrero de 1996, impactaron en la reforma política del mismo año, y obligaron al presidente Ernesto Zedillo (1997) a presentar una contrapropuesta a dichos acuerdos, bajo el argumento de que éstos “ponían en peligro la unidad del país”. La reforma de 1992 se había quedado corta y finalmente la contrapropuesta de 1997 fue rechazada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En el año 2000, el presidente Fox impulsa la Ley COCOPA-EZLN-CNI que busca retomar los Acuerdos de San Andrés, no obstante para los Zapatistas estas reformas no cumplen con lo establecido en dichos acuerdos. De nuevo, el EZLN rechazó la nueva ley y canceló toda posibilidad de negociación.
Es indudable que el tema indígena y los pueblos originarios sigue siendo una asignatura pendiente, aunque haya que reconocer la atención que se ha brindado al tema, desde la creación del Instituto Nacional Indigenista, la Dirección General de Asuntos Indígenas, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y hoy el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
En el ámbito electoral también se adoptaron acciones para incrementar la participación de la población indígena por la vía de la democracia representativa, es el caso de la creación de 28 distritos indígenas en 2003-2004, así como el requisito de hablante de lengua indígena para los candidatos a diputados de mayoría relativa y plurinominal.
A decir de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y con datos del INEGI acerca de la Encuesta Intercensal 2015, existe un total de 12 millones 25 mil 947 personas indígenas que habitan en hogares indígenas y que representan el 10% de la población nacional, 68 pueblos indígenas perfectamente identificados y 364 variantes lingüísticas.
A nivel federal y de conformidad con sus documentos, actualmente una parte importante de Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios se encuentran adscritas al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y al Congreso Nacional Indígena (CNI) con un pliego de demandas concretas. María de Jesús Patricio Martínez, Marychuy, exprecandidata presidencial es su vocera
Suman 89 las naciones, tribus y pueblos indígenas. Un documento del propio CNI, Regiones del Concejo Indígena de Gobierno. Distribución preliminar, da cuenta del crecimiento de la organización indígena en los albores del nuevo sexenio. Hoy tiene presencia en 179 municipios de 24 estados de la República Mexicana.
Hace falta que el Estado Mexicano replantee su relación con los indígenas y recupere una legislación específica a favor del indianismo, en el marco de sus usos y costumbres y su forma de organización política. Vale la pena mirar el caso de la Ciudad de México y su Constitución, tema que abordaremos en la próxima colaboración.
Hace falta una “figura” que visibilice la agenda de los pueblos originarios y comunidades indígenas y las estrategias para atender sus necesidades económicas, educativas, de salud, ambientales, culturales, territoriales desde una mirada que haga valer sus derechos humanos, sin discriminación y autoritarismo, con pleno reconocimiento a su relación con la naturaleza, una representación sustantiva y de calidad.
Hace falta que el gobierno mexicano concrete un plan que trascienda las políticas públicas que se adoptan cada seis años.
En el discurso oficial la marginación y discriminación por motivos de origen étnico no deben existir. Sin embargo la realidad dice que la población indígena rural y urbana es víctimas de estos flagelos, por ello aún resuenan las palabras de Fray Bartolomé de las Casas, debemos conocer “Todas las cosas que han acaecido en las Indias, desde su maravilloso descubrimiento”…para que no vuelvan a suceder….” por sólo el bien público y prosperidad del estado.
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