Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, hizo votos para que la Cámara de Diputados reanude la discusión de la minuta que envió el Senado y que reforma al párrafo cuatro del artículo cuarto de la Constitución, a fin incorporar los cuidados paliativos ante enfermedades en situación terminal.
El derecho a la muerte digna es un asunto de salud pública, por lo que su discusión no se puede evadir a pesar de que algunos sectores de la población lo consideren un tema tabú, aseguró el legislador. “Debemos seguir trabajando para fortalecer las bases que fortalezcan al sistema de salud en México”.
Insistió en que se debe asegurar el acceso a los servicios de cuidados paliativos a toda la población que lo requiera, sin distinción alguna. También reconoció que estos servicios, así como los medicamentos para el tratamiento del dolor, son difíciles de conseguir, “ya que en el pasado no se legisló en la materia”.
Ricardo Monreal expresó que el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del texto, ha dedicado varios años de su vida a esta causa e, incluso, pugnó por incluir este derecho en la Constitución de la Ciudad de México, por lo que ahora busca establecerlo en la Carta Magna como parte de las funciones que debe garantizar el Estado.
Se trata de un tema polémico; sin embargo, subrayó que la labor social de legisladoras y legisladores debe ir más allá de la defensa de las iniciativas, sino que tienen la obligación de democratizar el conocimiento y generar los cambios que requiere el país mediante la información, el diálogo y el intercambio de ideas.
El presidente del Instituto Belisario Domínguez, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que en el mundo hay 40 millones de personas que requieren de cuidados paliativos; de ellos, 11 por ciento lo reciben, lo que quiere decir que más de 34 millones viven con dolor y la mayoría de las personas son de bajos ingresos.
En México, acotó el senador, de las 372 mil personas que cada año requieren de cuidados paliativos, sólo 78 mil tienen acceso a ellos. Además, 14 entidades de la República garantizan y regulan el derecho a la voluntad anticipada, pero aún es un tema pendiente a nivel nacional.
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