Ciudad de México.- En enero de 2017 el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población presentaron el libro Migración y Salud, perspectivas sobre la población inmigrante.
En él participaron, entre otros, la Escuela de Salud Pública de Berkeley, la iniciativa UC-México, Grupo de Trabajo en Salud, el Programa de Investigación en Migración y Salud y la Casa de la Universidad de California en México.
Dicha obra sostiene que el fenómeno migratorio y la salud guardan una estrecha relación debido a factores que pueden incidir en la salud de las personas a lo largo del proceso migratorio, es decir, desde el origen, durante el tránsito y en el destino.
Asimismo, indica que debido a las condiciones en que la migración de tránsito ocurre, las personas migrantes tienen:
• Una mayor propensión a reportar un estado de salud desfavorable;
• Una probabilidad más elevada de adquirir alguna enfermedad transmisible comparada con la población en general aun cuando hayan desarrollado capacidades y estrategias para enfrentar el riesgo durante el traslado, y
• Mayor prevalencia de ciertos padecimientos en relación con otras poblaciones.
En las conclusiones la investigación apunta que para el desarrollo de políticas públicas y humanitarias, es clave que las brechas relacionadas con el acceso a los servicios de salud, sobre todo para la población indocumentada, mejoren.
En síntesis, tal obra sentencia que la salud de los migrantes y el respeto de sus derechos en los diversos espacios de la migración deben ser garantizados.
A pesar de ello, ese estudio a más de un año de su divulgación figuró como letra muerta.
En efecto, este 2018 en México recibimos a la Caravana Migrante de Centroamérica sin que las autoridades federales, promotoras de tan valiosa obra escrita, ejecutaran medida alguna para llevar a la praxis aquellas conclusiones.
Hubo oportunidad de que nuestro país diera muestras de la igualdad global que implica el ejercicio pleno de los Derechos Humanos y la capacidad del Estado de velar por su efectivo ejercicio en la vida cotidiana.
Lo anterior, no fue sostenido por cuanto al derecho a la salud de las personas migrantes. Al menos hasta ahora, ese tema de protección dual ha brillado por su ausencia.
Me refiero a que aún no se ha implantado medida alguna para cuidar el sensible tema de la salud de las personas migrantes de Centroamérica, con la respetuosa perspectiva doble, de evitar riesgos de contagios de afecciones, tanto, en ellas como en la población de las entidades federativas que las han atendido y albergarán.
Sobre el particular, la semana pasada propuse en el Congreso de la Ciudad de México un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal, local y al Congreso de la Unión a instalar una Mesa de Trabajo que se avoque a ese tópico.
Hasta hoy no existe respuesta alguna.
Lo consabido es que hace tres días una porción importante de las y los migrantes dejaron la capital del país.
Es noticia su tránsito por Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Tijuana.
Su paso se muestra firme avanzando hacia su destino dejándonos como asunto pendiente, el tema de Salud y Migración.
Su marcha por el territorio debe estimular hacia la mejora de las políticas públicas correlativas.
La experiencia que se acumula mediante ese evento migratorio y con el análisis especializado debe impulsar hacia el establecimiento de un marco normativo que responda efectivamente al deber de nuestro país, de garantizar los Derechos Humanos como el de la salud, independientemente del estatus migratorio de las personas.
Finalmente, las cualidades de país Santuario, Refugio y Huésped emplazan a cubrir también esa condición.
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