Ciudad de México.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la reparación integral de daño debe darse a todas las víctimas de algún delito o violación a derechos humanos y no solamente a quienes hayan sufrido graves violaciones de esos derechos.
Al analizar la Ley de Víctimas de Coahuila, resolvió que el condicionar que la procedencia de las medidas de compensación, es decir, la erogación económica a que la víctima tenga derecho, exclusivamente a aquellos casos en los que se dé una violación grave a derechos humanos, es incompatible con los parámetros nacionales e internacionales.
Por ello, el pleno invalidó el Artículo 46 en la porción normativa “ambos considerados como graves”; 48, párrafo primero y párrafo segundo, en las porciones normativas “graves”.
Además invalidó el 114, en la porción normativa “graves”, referido este artículo al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual condicionaba la entrega de recursos a las casos de violaciones graves de derechos.
El alto tribunal también invalidó el Artículo 10, fracción III, párrafo tercero, en la porción normativa “bajo la disponibilidad presupuestal”, que condicionaba a la disposición de presupuesto el otorgamiento de atención a víctimas en aquellos casos urgentes en los que se recurra a instituciones particulares, lo que resultaba violatorio de la Constitución Federal y contrariaba lo dispuesto en la Ley General de la materia.
El pleno de la SCJN continuará con el análisis de este asunto durante la próxima sesión para abordar el concepto de violaciones graves que contiene el Artículo 67 de la referida ley.
