Ciudad de México.- El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Diego García-Sayán, aseguró que no debe ser investigado por sus decisiones judiciales el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue señalado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, por haber pausado su reforma a la industria eléctrica.
La ONU defendió la actuación del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió una suspensión definitiva a la reforma eléctrica promovida por AMLO.
“Todas las instituciones públicas deben respetar la independencia de la judicatura, incluyendo al Ejecutivo. El Ejecutivo no debe efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales, ni debe confrontar las decisiones judiciales de los tribunales”, señaló García-Sayán en sus redes sociales.
El relator agregó por vía Twitter que uno de los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, donde se establece que “los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
La ONU remarcó que el principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes. “Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones”, afirmó.
El pasado viernes, el juez Gómez Fierro otorgó la suspensión definitiva contra la reforma eléctrica de López Obrador y ahora por lo menos una docena de suspensiones se han emitido por Gómez Fierro y por Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México.
En el país ya suman un total de 50 suspensiones provisionales contra la Ley Eléctrica, propuesta por el mandatario mexicano y aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Sin embargo, los efectos de la reforma a la industria eléctrica no podrán surtir efecto hasta que se resuelva el juicio de amparo, lo que podría tardar meses o años.
Se espera que el resto de suspensiones provisionales también se conviertan en suspensiones definitivas y el proceso sea más rápido al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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