México aún lejos de la legalización del aborto

Veronica Macias Reportera y coeditora web

Ciudad de México.- En México solo la Ciudad de México y el estado de Oaxaca han aprobado la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación sin una condición inherente para realizarlo.

El aborto legal no ha sido homologadas a nivel nacional, por lo que cada estado decide bajo que circunstancias puede ser considerado o no un delito.

El  Código Penal Federal solo contempla el abuso culposo, la violación sexual y el peligro de muerte como causales no punibilidad.

De acuerdo con GIRE, el aborto inseguro continúa siendo la cuarta causa de muerte materna en el país y las mujeres en México continúan siendo criminalizadas por el delito de aborto, en ocasiones con penas de prisión. GIRE trabaja para que se garantice el acceso al aborto en México en las causales legales existentes, se otorguen reparaciones para casos de negación y para que no se criminalice a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, entre otros.

El acceso a los servicios de aborto en caso de violación aún es limitado en todo México, a pesar de estar reconocido en el marco jurídico nacional e internacional. En muchas ocasiones, niñas y mujeres ven obstaculizado el ejercicio de sus derechos humanos por el desconocimiento, por parte del personal médico, del marco jurídico en el que su actuación como profesionales de la salud debe enmarcarse. De esta forma, es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de aborto es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo. Sin embargo, además de revictimizarlas y de incurrir en violaciones de sus derechos humanos, contravienen la ley.

Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador fue consultado sobre el tema y dijo que se debería consultar a las mujeres la legalización del aborto en México.

La iniciativa sobre aborto seguro, que se pretendía discutir en el Senado, se quedó atorada, ya que los legisladores acordaron llamar a parlamento abierto para integrar las opiniones de organismos de la sociedad civil en la discusión.

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