Ciudad de México.- A los familiares de Ernestina Ascencio Rosario les violaron los derechos humanos y de qué forma.
La procuraduría de Veracruz actuó de la peor de las maneras y ello permitió que se esparciera la versión de que la anciana había muerto por una violación tumultuaria cometida por soldados.
Ascencio Rosario falleció en la sierra de Zongolica, donde elementos del 63 Batallón de Infantería hacían un reconocimiento en búsqueda de guerrilleros.
De ahí surgió la especie de que ellos la habían asesinado, luego de ultrajarla. El caso, por supuesto, desató una ola de indignación y compresible. No era posible que algo así ocurriera y resultara impune.
Los forenses de la procuraduría veracruzana hicieron un trabajo pésimo (febrero de 2007), en el que no revisaron bien al cadáver, actuaron con negligencia y sacaron conclusiones engañosas.
Esto provocó que en marzo la CNDH solicitara la exhumación del cadáver, la realización de otros estudios en los que estuvo presente personal de la propia defensoría, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional e integrantes de la procuraduría.
La necropsia concluyó que la mujer murió por anemia aguda por sangrado de tubo digestivo. Tenía úlceras y gastritis.
En el cadáver no se encontraron signos de violencia sexual.
Apenas había arrancado el gobierno del presidente Felipe Calderón. Uno de los temas que le preocupaba y le ocupaba era justo el de la violencia.
El papel del ejército iría cobrando protagonismo y las circunstancias de la muerte de Ascencio Rosario cobraban la debida importancia.
Acaso por ello, el secretario de la Defensa informó a su superior jerárquico de lo que habían revelado las indagatorias forenses.
En la exhumación y en los procedimientos de necropsia, como ya señalamos, estuvieron como testigos médicos militares que eran expertos en técnicas forenses.
Esto provocó alguna suspicacia, pero entendiendo el funcionamiento de la milicia, tenían que dar parte de los hallazgos.
Al paso de los años y de las pruebas, no existe motivo para pensar que el presidente Calderón y el propio ombudsman, José Luis Soberanes, hubieran participado en un montaje. Al contrario, a todos convenía actuar con presteza y reparar el daño causado en las primeras diligencias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está revisando el caso y el gobierno mexicano ratificó, el pasado viernes, que no existió ataque alguno por personal militar.
Imprimir artículo
