Ciudad de México.- Integrantes de organizaciones agrupadas en la plataforma Ciudadanía 19S, denunciaron que la iniciativa de Ley de Reconstrucción remitida por el Jefe de Gobierno a la ALDF para su aprobación, genera incentivos perversos que beneficiarán a desarrolladores inmobiliarios en detrimento de damnificados y de ciudadanía en general.
En conferencia de prensa, acusaron también que entes públicos vinculados directamente al tema de la reconstrucción y a la planeación urbana han cerrado sus ventanillas de información pública hasta diciembre, bajo el argumento de que la contigencia no les ha permitido atender solicitudes, a lo que se suma la caída de sitios de Internet que contenían datos relacionados, como la Seduvi y la lista de Directores Responsables de Obra (DRO's).
"Todas las instituciones vinculadas con datos abiertos cierran sus ventanillas por su imposibilidad de atender. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones dice que no tiene tiempo para responder, lo que genera que no se tenga información suficiente para poder interpretar", acusó Josefina McGregor, de la organización Suma Urbana.
Dijo que la incertidumbre ante la falta de información es mayor si se pone en el contexto la cercana aprobación de la Ley de Reconstrucción.
McGregor dijo que un ejemplo del incentivo perverso que representa esa ley es que permite la redensificación en predios donde hubo edificios colapsados o severamente dañados, para que ahí se pueda edificar el número de viviendas que había, aunque en algunos casos violaran usos de suelo (derechos adquiridos), y hasta 35 por ciento más.
La activista alertó que ese 35 por ciento adicional es "compuesto", pues se permitirá a constructoras no sólo crecer hacia arriba, incluso de forma lateral si el predio lo permite, también en intensidad, lo que implica que los departamentos sean más pequeños.
"Es un incentivo perverso porque vemos mucha gente que no necesita demoler, pero ahora están levantando la mano para pedir que un edificio se tire. También vemos gente en la Roma y en la Condesa a la que empresas constructoras les quieren comprar sus viviendas", denunció, al señalar que ha recibido hasta 50 llamadas de vecinos con esa queja.
Dijo que con esta ley se permitirá a desarrolladores inmobiliarios darle la vuelta a los programas delegacionales de desarrollo urbano y a la Ley de Desarrollo Urbsno, además de que genera facilidades que los exime de presentar estudios de impacto vial, ambiental y urbano, así como pago de impuestos
Si hubiera datos abiertos, dijo, se contaría con información para ubicar estrategias indebidas de desarrolladores inmobiliarios, lo que condena a la Ciudad a padecer el mismo error de corrupción en materia urbana y que favorece los intereses privados
En la conferencia estuvieron presentes Mónica Tapia, de Ruta Cívica; María Teresa Ruiz, de La Voz de Polanco; Carlos Monroy, de A La Izquierda, y Ernesto Corona, de Bicitekas.
Mónica Tapia explicó que las organizaciones y ciudadanos agrupados en Ciudadanía 19S buscan fortalecer esta plataforma con información pública y para ello han hecho solicitudes de información pública ante distintas autoridades locales.
Así, se han solicitado el catastro vigente, así como versiones históricas; los estudios y escenarios de peligros y riesgos, incluyendo grietas, hundimientos, subsidencias, inundaciones, incendios, fallas, minas, cavernas, tipo de suelo y profundidad de cada suelo.
También se pidió la delimitación geohidrológica de acuíferos, así como sus flujos y volumen de agua; las solicitudes de revisión de inmuebles, las revisiones post-sismo y los dictámenes de seguridad estructural, incluyendo los nombre y números de cédulas de Directores Responsables de Obra (DRO) y Co-Responsables de Estructuras que los revisaron; los inmuebles que están en proceso de mayor revisión estructural, reforzamientos o demoliciones, para determinar si representan peligro a la integridad de dueños, usuarios y colindantes de los inmuebles; además de los inmuebles y sus expedientes (planos, permisos, revisiones y autorizaciones) que tienen acciones legales, así como su estado en el proceso y pruebas periciales.
Por ley de transparencia también se pidieron los folios reales del Registro Público de la Propiedad, relacionados con el número de catastro, de los inmuebles. De cada predio construido o remodelado posterior al año 2000, solicitaron la razón social de la constructora, su responsable legal, su Director Responsable de Obra (DRO), número y fecha de autorización y número y fecha de terminación de obra.
Tapia dijo que además se ha pedido al gobierno local colocar en un lugar visible de cada edificio la notificación del nivel de riesgo de los inmuebles dictaminados por las autoridades competentes, de forma que los ciudadanos sepamos si un inmueble es habitable, si está en proceso de verificación o si representa un riesgo y de qué nivel es.
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