Ciudad de México.-El gobierno de Claudia Sheinbaum pondrá en marcha a partir de 2020 un mecanismo al que denominó “Proceso de consulta vecinal para grandes construcciones”, el cual considera tomar la opinión de habitantes y usuarios del área de influencia de una mega obra, sobre los impactos generados y la manera de atenderlos.
Las autorizaciones de impacto urbano y ambiental no se otorgarán al desarrollador inmobiliario hasta que haya un acuerdo con la ciudadanía a través de ese proceso.
La jefa de gobierno explicó que no se trate de inhibir la inversión inmobiliaria, sino de que los vecinos se sientan tomados en cuenta, aunque el mecanismo está diseñado de tal forma que se buscará a toda costa obtener el “sí” de los vecinos para lograr el desarrollo inmobiliario.
No existe una opción en caso de que prevalezca el “no”, pues se le insistirá de forma sistemática a los habitantes para que otorguen su aprobación.
El proceso de consulta vecinal aplicará para grandes construcciones ubicadas en polígonos de actuación y con fusión de predios a partir de 5 mil metros cuadrados, proyectos con superficie de terreno a partir de los 5 mil metros cuadrados, construcciones totales a partir de los 100 mil metros cuadrados, centros comerciales o similares, así como en mega obras que se pretendan realizar en pueblos originarios o población indígena.
En conferencia de prensa, la jefa de gobierno y la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, hicieron la presentación de este mecanismo que considera diversas etapas de ejecución.
En la primera, el inversionista ingresa el proyecto ante la ventanilla única, después la autoridad pone el proyecto a disposición de la ciudadanía mediante dos esquemas, un sitio web y módulos informativos.
Además, el desarrollador deberá publicar en un diario de circulación nacional y en redes sociales el inicio del proceso de consulta; también deberá incluir reuniones, talleres y una encuesta con vecinos, que se realizarán bajo la supervisión de la autoridad.
En esa etapa será posible iniciar la construcción de acuerdos entre inversionistas y vecinos, donde el desarrollador podrá realizar ajustes al proyecto y la autoridad dará su aval para realizar la consulta.
Si los habitantes dieran una respuesta negativa, el esquema está diseñado para que haya hasta dos intentos más de construcción de acuerdos, con módulos de recepción de opiniones, entrevista a profundidad del inversionistas con los ciudadanos y ajustes al proyecto.
Todo este procedimiento puede durar hasta tres meses y si en ese tiempo persiste la negativa de los ciudadanos, el mecanismo volverá a repetirse hasta lograr que los habitantes den su aval.
Sheinbaum explicó que este esquema no se aplicará para los 12 corredores inmobiliarios que anunció hace meses, pues en esos casos no hay problemas con los usos de suelo.
Así, la consulta vecinal solo aplicará cuando exista una situación de conflicto entre desarrolladores y vecinos o el supuesto de violaciones a usos de suelo.
El proceso de consulta se publicará durante esta semana en la Gaceta Oficial capitalina para su entrada en vigor.
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