Dice Sheinbaum estar en contra de ley que permite invasiones de predios, pero su gobierno la promulgó el 8 de febrero

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Ciudad de México.-El artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos que a finales de 2018 se aprobó en el Congreso capitalino, se convirtió hasta ahora en un nuevo motivo de diferencias entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y los legisladores locales. 

La mandataria dijo hoy estar en desacuerdo en que, ante el incumplimiento en el pago de la renta o frente a una invasión, el dueño del inmueble se encuentre impedido a realizar el desalojo legal de esa propiedad. Se trata de un exceso, lamentó la gobernante.

“No estoy de acuerdo con lo que plantean (los legisladores). No se puede confundir el derecho a la vivienda con el derecho del poseedor de un edificio a que le paguen la renta. No estoy de acuerdo con los artículos que están planteando; me parece que se debe legislar sobre la vivienda social”, dijo hoy en entrevista.

Pero el rechazo de la mandataria a ese artículo 60 llega casi cuatro meses después de que su gobierno publicó en la Gaceta Oficial capitalina esa Ley Constitucional, sin que en su momento decidiera vetarla o regresarla al Congreso local para su corrección.

El 8 de febrero pasado el gobierno de la Ciudad publicó en la Gaceta, para su promulgación, dicha ley.

Ayer miércoles, en un artículo de opinión publicado en un diario de circulación nacional, el ex procurador General de la República y actual notario, Ignacio Morales Lechuga, alertó sobre el contenido del artículo 60, pues dijo que se genera un derecho a invadir, además de que se abre con ello la puerta de la permisividad y la agresión contra el propietario de un inmueble.

“Todo indica que la cultura del no pago –alimentada recientemente con la condonación de 11000 mdp a deudores morosos de la CFE en Tabasco– seguirá creciendo. El estado de derecho continuará debilitándose, ahora con el apoyo de las autoridades y de legislaciones como la mencionada Ley”, acusó Morales.

El mencionado artículo 60 de esa ley establece que para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. 

Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; además, se les debe garantizar la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. 

Se obliga a las autoridades competentes a garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.

Hoy que el tema resurge en medios de comunicación, la jefa de gobierno dijo que debe cumplirse el derecho de las personas a contar con una vivienda, “pero desde mi perspectiva el que una persona no pague renta durante mucho tiempo y si se gana un juicio no poderlo sacar de la vivienda me parece un exceso”, expresó.

Sheinbaum dijo desconocer de dónde salió la propuesta, pues dijo que su administración no envió al Congreso nada en ese sentido.

Expuso que en la redacción de esa ley trabajaron tanto diputados locales como la propia Comisión de Derechos Humanos capitalina que encabeza Nashieli Ramírez, además de organizaciones civiles.

Cuestionada sobre si es necesaria una corrección, la mandataria expuso que ese tema deben discutirlo los diputados.

Reconoció que ha recibido llamadas de legisladores y de representantes de cámaras empresariales para hablar del tema y garantizar el derecho a la propiedad, pero sin violencia.

Sobre este asunto, el coordinador de los diputados locales del PRD , Jorge Gaviño, presentó hoy ante el Pleno del órgano legislativo una iniciativa de reforma en la cual plantea derogar el artículo 60 para evitar una crisis inmobiliaria y financiera en la Ciudad.

Gaviño Ambriz señaló que el artículo 60 de la Ley, entre otras cosas, representa una violación al derecho humano a la propiedad, crea una carga para el Estado al asumir la obligación de reubicar a la gente y entorpece el trabajo de los juzgadores al generar una responsabilidad por el probable daño material o inmaterial que se cause.

Acusó que por un descuido legislativo del grupo mayoritario del Congreso, ese artículo se ha convertido en la problemática más grave, desde el punto de vista inmobiliario.

“Todos sabemos el fardo que ha representado esta Ley de Derechos Humanos desde que su precipitada aprobación el 28 de diciembre del año pasado. Día de los Santos Inocentes”, indicó.

Señaló que el 7 de marzo, a menos de un mes de su aprobación, el grupo mayoritario presentó la iniciativa de reforma que les enviaron desde el Gobierno de la Ciudad, misma que  tuvieron que corregir en 31 artículos de los 134 que conforman la norma, aunque en ella no venían cambios al polémico artículo 60.

 

 

 

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