Crece oposición contra ley inquilinaria. AMPI y PAN acusan inconstitucionalidad de la propuesta



Ciudad de México.-La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Ciudad de México (AMPI) se sumó al rechazo hacia la propuesta de reforma al Código Civil en materia inquilinaria que impulsan organizaciones sociales con el apoyo de legisladores de Morena, al considerar que la iniciativa contempla medidas excesivas e ilegales.



Para los integrantes de ese sector, la iniciativa incluye conceptos violatorios de garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores. Además, expuso que su aplicación no puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna, tratándose de operaciones vigentes y de la situación en que se encuentre la vivienda actualmente.



De acuerdo con la AMPI, la propuesta resulta incongruente con la exposición de motivos planteada, al eliminar garantías que la ley ya establece, lo cual es violatorio de derechos de terceros, cuando se habla del fiador o los medios para garantizar el pago de la renta. El propio Código Civil establece en su artículo 2055 la figura de un deudor sustituto, para garantizar el pago del arrendamiento.



Asimismo, de acuerdo con la Asociación, se pretende establecer un límites al monto de garantía para reparaciones del bien o para el pago de adeudos, lo cual es ilegal ya que viola el principio de seguridad jurídica del arrendador.



En un comunicado de prensa firmado por el presidente de la AMPI, Salvador Sacal Cababie, esa organización expuso que es irrenunciable la garantía de poseer bienes, específicamente una vivienda y, es incuestionable que, para ello, deba formalizarse por escrito el contrato arrendamiento, a fin de evitar abusos de cualquiera de las partes, por lo cual es innecesario establecer que deberá existir el debido proceso para justificar cualquier desalojo, ya que esa garantía ya se encuentra plasmada en nuestra legislación.



También advirtió que se pretende imponer como obligación que el contrato de arrendamiento sea de al menos por tres años, para darle al inquilino un sentido de posesión de mediano plazo, pero eso pone al arrendatario en desventaja, pues es pretender obligarlo a mantener el mismo estatus por más tiempo del que él mismo quisiera tener, lo que además transgrede el espíritu del libre mercado y la máxima de que el contrato debe ceñirse a la suprema voluntad de las partes.



Así, la AMPI insistió en que la modificación al Código Civil en los Artículos relativos al Arrendamiento, violentan los Derechos Humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política de la Ciudad de México en contra de los Arrendadores, ya que por disposición expresa del artículo 2398 los contratos de arrendamiento deben constar por escrito y además desincentiva la inversión privada en la vivienda en renta, al eliminar las garantías de cobro de la renta.



"En AMPI Ciudad de México rezamos por la salud y la reactivación económica de todos los que conformamos nuestro gran México y también, igual que las autoridades, por el derecho a una vivienda adecuada, pero esta iniciativa viola el principio de no retroactividad, limita la libertad sobre la propiedad privada, la obligación de vivienda adecuada es del Estado, no de los particulares, la regulación y argumentación sobre caso fortuito o fuerza mayor ya lo contempla la ley sólo hay que hacerlo valer y la existencia de contratos verbales ya también están regulado", acusó el presidente de la Asociación, Salvador Sacal.



El rechazo a la iniciativa en materia inquilinaria ya ha generado posiciones en contra de parte de partidos de oposición e incluso aclaraciones en la misma bancada de Morena, pues el diputado local morenista Carlos Castillo salió a aclarar que desconocía el contenido de la iniciativa que apoyan sus compañeros de partido Martha Ávila, José Luis Rodríguez y Valentina Batres. Castillo expuso que el documento no tienen el respaldo de la totalidad del grupo parlamentario.



Hoy, la bancada del PAN en el órgano legislativo local emitió una posición contra la propuesta, al acusa a Morena de promover instrumentos legislativos “perversos” e inconstitucionales, que vulneran el derecho a la propiedad privada y evidencian la incapacidad del Estado para brindar vivienda digna a los capitalinos durante la pandemia.



En un comunicado, los panistas acusaron que esa propuesta desincentiva la inversión en el sector inmobiliario, lo que va en sentido contrario a la promoción de la actividad económica en medio de la pandemia.



Diputados del PAN como Mauricio Tabe y Gabriela Salido consideraron que la iniciativa tiene un objetivo ideológico y político, que le habla a un sector de la población y deja de lado verdaderas acciones públicas de apoyo a las familias que habitan viviendas en renta.



El diputado Diego Garrido, Secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia sostuvo que esto es una “aberración” jurídica y que altera el principio de retroactividad de la ley, pues nadie puede privar otro de sus bienes si no es bajo un mandato judicial, pero ahora de facto se pretende privar del goce y disfrute de la propiedad.



En tanto, el diputado y presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, Federico Dôring, advirtió que las reformas en materia de arrendamiento es una jugada de MORENA para vender ideologías comunistas y quedar bien ante un grupo reducido de militantes, poniendo a los empresarios y desarrolladores como “los malos del cuento”.



“Esta propuesta tiene claro un objetivo electoral. Particulares no tienen por qué garantizar un derecho humano, eso es obligación de las autoridades, no de las personas que tienen un inmueble y lo arrendan para obtener, lícitamente, una contraprestación económica”, dijo.