Ciudad de México.- Dar por sepultada “la verdad histórica” en el caso Ayotzinapa tiene aristas bastante espinosas.
Por ejemplo, se tendría que sostener que los policías municipales de Iguala no detuvieron a los jóvenes para entregarlos al crimen organizado, en concreto al grupo de los Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado, incinerado y arrojado sus restos al Ríos San Juan, en Cocula.
Quizá obviar que José Luis Abarca, el entonces alcalde de Iguala, tenía bajo su mando a 80 sujetos armados, no inscritos en alguna agencia de seguridad, que le servían para mantener al control en una tierra de trasiego de drogas y violencia.
Habría que decir que los 68 mil restos humanos encontrados en el basurero de Cocula y las 19 muestras que pueden servir para identificar el ADN no son de ahí o ya no son relevantes.
Se tendría que obviar, de paso, que en Austria sí se determinó la identidad de uno de los estudiantes por los restos que se rescataron durante las primeras diligencias del caso.
En un ejercicio de desmemoria, se tendría que borrar la confesión de Antonio García Reyes “El Chereje”, quien condujo a las autoridades, y en particular al director de la Agencia de Investigación Criminal, al lugar donde se encontraron las muestras que luego sirvieron ministerial y pericialmente para sustentar que en el basurero de Cocula se quemaron cuerpos humanos.
Por lo pronto, la Fiscalía General de la República, anunció que cuenta con 43 ordenes de captura contra quienes fueron servidores públicos y tuvieron que ver con el caso.
También señalan que esperan los resultados de análisis de restos, encontrados en las nuevas indagatorias y que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Tomás Zerón se encuentra en calidad de prófugo y ya se emitieron las alertas de captura por medio de la Interpol.
Es un triste colofón para uno de los asuntos más complejos de la historia reciente y en donde, al parecer, ya no importa tanto dar con los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada de los muchachos, (la mayoría han salido en libertad) sino de hacer un ajuste de cuentas con el pasado, de borrar los rastros que llevan a la colusión de autoridades y de modo destacado las de la alcaldía, para abrir un camino donde lo que imperará será la lectura política y coyuntural del suceso.
Ojalá que la sepultura de la verdad histórica signifique el establecimiento claro de responsabilidades sobre quienes secuestraron, desaparecieron y asesinaron a los estudiantes y no solo de correcciones burocráticas y disciplinarias para policías, fiscales y peritos que intentaron dar con los responsables de esos atroces hechos.
De no hacerlo, no habrá servidor público que se atreva a investigar, ante el riesgo de ser perseguido y defenestrado en el futuro.
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