Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, la creación de la Ley General de Comunicación Social, que busca reglamentar la publicidad gubernamental.
Con 205 votos a favor y 168 en contra, el dictamen fue impulsado por las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, en tanto tuvo la oposición de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y Morena, que reservaron 61 artículos para entrar a su discusión en lo particular.
En materia de difusión se dará prioridad a los tiempos de estado y cuando no haya disponibilidad se destinará dinero público para tiempos comerciales.
Al fundamentar el dictamen, la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente recordó al pleno que en noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que obliga al Congreso de la Unión a reglamentar la fracción VIII del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril de 2018.
Afirmó que es un avance fundamental, pues implica fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, economía y transparencia.
La comunicación social de todas las entidades públicas en adelante habrá de someterse a una planeación más rigurosa, con lo que deja de ser sujeto de improvisaciones y asume con toda claridad criterios técnicos, dijo.
Mientras que los diputados del PAN, PRD y Morena presentaron mociones suspensivas para que el dictamen no fuera discutido y votado, al considerar que no cumplía con la sentencia de la Corte, de reglamentar la propaganda gubernamental.
En su turno, el diputado del PRD Rafael Hernández Soriano estableció que para su fracción la propuesta no cumple con el ordenamiento judicial.
Y el panista Jorge Triana Tena dijo que para su fracción el documento no cumple con la sentencia de la SCJN y se refirió en particular al caso del ejercicio de los recursos públicos, la pluralidad de medios y las facultades que se otorgan a la Secretaría de Gobernación para distribuir los tiempos oficiales de publicidad.
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