Es un disparate. Quien lea la exposición de motivos sobre la Reforma Judicial, que envió a la Cámara de Diputados el presidente López Obrador, advertirá que estamos ante el diseño de lo que sería un monstruo de mil cabezas.
Es un costal de sorpresas y manzanas envenenadas, que inclusive de modo individual, pueden causar un grave daño al Estado de Derecho.
La inspiración primaria del modelo de elección popular de ministros y magistrados proviene de Bolivia. Es una especie de homenaje a Evo Morales y a su Tribunal Constitucional Plurinacional, inaugurado en 2011, ajustado en 2017 debido a la falta de consistencia y calidad de los integrantes y en franco deterioro en estos momentos.
La propuesta del presidente López Obrador radica en someter a los ministros de la SCJN y a los magistrados del TEPJF a la prueba de las urnas. Los listados de aspirantes serían integrados por una decena de nombres postulados por el presidente de la República, otros 10 por diputados y senadores, la mitad para cada cámara y 10 más corresponderían al plano de la Corte.
Pero hay una trampa. Si en el poder legislativo no se ponen de acuerdo en la elaboración de la propuesta y no alcanzan la mayoría calificada, quedarán excluidos del proceso, algo similar a lo que ocurriría con los propuestos en la Corte, si no se llega al umbral requerido entre los ministros.
En términos llanos, solo el presidente de la República tiene garantizada la posibilidad de hacer las propuestas.
Los actuales integrantes del pleno de la Corte y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, podrían optar por participar en el proceso, esto es, meterse a realizar campañas, con todo el deterioro que implicaría en la independencia y calidad de sus sentencias.
En lugar de estudiar los asuntos a la luz del derecho, empezarían a desviar la atención para buscar la utilidad electoral de acuerdo con los criterios que manifiesten.
El enredo se torna mayor, porque el proceso de elección también sería para los magistrados y jueces en los 32 circuitos judiciales. Unos mil 425 cargos en disputa.
Sería una suerte de elecciones por circuito, también a partir de listados generados desde Palacio Nacional, las cámaras y la Corte.
En teoría, los involucrados contarían con la posibilidad de acceder a tiempos oficiales en radio y televisión; a foros y debates. No está claro cómo impactaría esto al diseño de comunicación política que ahora prevalece, pero seguro lo impactaría.
Los triunfadores no podrían ser reasignados a otra demarcación. Esto es delicado, porque no es extraño que magistrados y jueces sean cambiados de adscripción por motivos de seguridad.
Por ahora, la 4T no cuenta con la fuerza para implementar lo que sería arrojar a los jueces al mercado electoral y sujetarlos al interés político, pero también implicaría renunciar a equilibrios que busquen la protección de las minorías, algo que es sustancial en democracia.
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