La protección para los asesinos de los normalistas

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La protección para los asesinos de los normalistas. En la Comisión de la Verdad y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no tenían ni la menor intención de dar a conocer los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Desde el 24 de septiembre pasado, se les informó a los padres de los jóvenes desaparecidos del contenido del documento.

Se hizo en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para el abogado Vidulfo Rosales y para los integrantes del GIEI sería contraproducente el ventilar públicamente los diálogos de los perpetradores de las desapariciones.

Pero el presidente López Obrador ordenó dar a conocer la información

Y aunque no es toda, ni mucho menos, la que se hizo pública es muy relevante.

Fortalece la hipótesis de la verdad histórica y muestra la perversidad con la que está actuando la autoridad ministerial y los grupos que la acompañan, al tener como testigo colaborador a uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Rosales sabía que la revelación de los documentos de la Sedena sería problemática.

La protección para los asesinos de los normalistas

La información pone en entredicho muchas de las teorías que ha venido impulsando junto con el GIEI.

El ahora testigo estrella, Gildardo López Astudillo “El Gil” era el líder de los Guerreros Unidos en la zona.

Fue El Gil quien ordenó trasladar a los estudiantes que estaban detenidos por la policía municipal de Iguala a la Loma del Coyote, de donde fueron trasladados por los sicarios al basurero de Cocula.

En las conversaciones del 26 de septiembre de 2014 “El Gil” ordena a un jefe policiaco:

“Pásame unos por el camino a Pueblo Viejo, yo los recibo. Tengo unas camas para aterrizar a los detenidos”.

El salvajismo suele ser así de insípido, pero las consecuencias, como sabemos son funestas.

De las conversaciones de López Astudillo con sus colaboradores se desprende la idea y alcance de la impunidad con la que actuaba.

De la desfachatez de dar instrucciones que terminarían en muertes y en desgracias, de sus socios policiales y de la protección con la que contaba.

En la Fiscalía General de la República (FGR) se han empeñado en utilizar nuevos testimonios de ese sujeto que contradicen lo que ya está acreditado y alguno de ellos son inverosímiles y demenciales.

Es de esperar que los documentos de la Sedena sirvan para dejar claro lo anterior y para fortalecer lo que sí ocurrió.

López Astudillo estuvo detenido por el caso, pero obtuvo su libertad al argumentar que había recibido malos tratos.

En la FGR no hicieron nada para impedir su salida de la cárcel, sino más bien lo reclutaron para sumarse a la infamia de desvanecer las indagatorias, para que no se sancione a los perpetradores de los hechos, pero sí a quien convenga políticamente.

De ese tamaño es lo que está ocurriendo y más vale tenerlo en cuenta, porque propiciará un daño muy severo a la procuración de justicia.

Iñaki Blanco, quien fuera fiscal de Guerrero, tiene muy claro lo anterior y por eso señaló que “El Gil” no solo no debería tener el papel que ahora le dan las autoridades, sino que tendrían que buscar encarcelarlo de nueva cuenta por su nivel de peligrosidad, acreditado, por ejemplo, en la fosa descubierta en Pueblo Viejo, donde se encontraron decenas de cadáveres, aunque no de los jóvenes de Ayotzinapa.


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