Cada año se publica un estudio global sobre el homicidio. Es un trabajo preciso que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Llevamos años constatando malas noticias, y hasta cuando se desliza la apariencia de la mejoría, surge el matiz por el análisis.
México tuvo una reducción de homicidios de 3.2 puntos entre 2019 y 2022, pasando de 29.3 homicidios dolosos a 26.1 por cada 100 mil habitantes.
Es una reducción nada despreciable, cada muerte es un drama humano profundo, pero se puede deber a la “Pax narca”, es decir a la situación que se genera cuando un grupo criminal asume el control territorial e inclusive pacifica el entorno.
Esto tiene un costo social, por supuesto, porque implica que otro tipo de acciones delincuenciales prevalezcan, y entre ellas la extorsión.
En un reporte de la propia UNODOC se señala: “en México se ha aplicado el concepto de “Pax narcótica”, refiriéndose a situaciones de tolerancia hacia las actividades del narcotráfico en el siglo 20 que mantuvieron bajos los niveles de violencia relacionada con las drogas en el país.”
Desde hace décadas hay evidencias cotidianas del cobro de piso en diversos lugares, pero no existe una política pública eficaz para contrarrestar la situación, en estos momentos, porque por regla general se requiere del uso de la fuerza para devolver el control territorial a las autoridades.
Por desgracia, no hay un camino sencillo ante escenarios donde los ciudadanos y sus familias sufren de presiones agraviantes y que se acentúan por la ausencia de autoridades que los auxilien.
Es una suerte de orfandad que genera la ruptura del tejido social, el desplazamiento de poblaciones y propicia que los criminales puedan seguir reclutando a algunos jóvenes, quienes no encuentran otra forma de enfrentar ese infierno que no sea la de participar en él.
Es por ello se pide y agradece la presencia del Ejército, pero ese tipo de despliegue no puede ser permanente y solo es un paliativo en la medida en que los responsables estatales de dotar de seguridad a los ciudadanos no hacen el trabajo que les corresponde.
Texcaltitlán es un ejemplo de las consecuencias funestas que tiene el control criminal. A los agricultores del lugar les exigían pagos por cada hectárea de siembra, pero, además, los sicarios de la Familia Michoacana habían establecido toda una serie de condiciones para obtener más recursos, como el pago para poder recolectar madera en el monte, o el número de gallinas que se podían tener en un corral privado. De igual forma se establecía el precio del huevo y las tortillas, para cobrar de modo directo un impuesto para que esos comercios pudieran vender al público.
Los lugareños de Texcaltitlán llevaban siete años padeciendo esta situación, hasta que el 8 de octubre se cansaron y mataron a 10 de los extorsionadores, con un saldo de otros cuatro campesinos que fallecieron en el enfrentamiento a tiros.
Lejos de terminar el problema, ahora lo que hay es una enorme zozobra en la espera de la venganza criminal, la que es más que predecible, aunque se puede demorar en la medida en que las fuerzas de seguridad permanezcan en el lugar.
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