Este viernes 1 de marzo por acuerdo del Instituto Nacional Electoral, inician formalmente las campañas correspondientes al proceso electoral 2024 para elegir presidente, senadores, diputados y una gran cantidad de otros cargos de elección popular.
A partir de esta fecha y hasta el 30 de abril, arrancarán paulatinamente todas las campañas políticas en el país, que deberán concluir taxativamente el 29 de mayo, tres días antes de las elecciones generales a celebrarse el próximo 2 de junio.
Serán las elecciones más grandes de la historia y estarán en juego ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con sus 16 alcaldías, además de 128 senadurías, 500 diputaciones federales y un gran número de diputaciones locales, ayuntamientos y alcaldías en todo el país.
Se estima que en total se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular y que participaremos cerca de 95 millones de electores.
Durante las campañas electorales adquieren relevancia los derechos políticos en cuanto facultades que tienen los ciudadanos para participar en la vida política nacional.
En los sistemas competitivos la contienda tiene por objetivo obtener el mayor número de sufragios para cada candidato.
Las campañas electorales son importantes porque, al menos en teoría, garantizan elecciones libres e igualitarias entre los candidatos.
Sin embargo, las autoridades electorales –tanto administrativas como jurisdiccionales- han sido omisas permitiendo irregularidades y no sancionando los actos anticipados de campaña, tampoco se han fiscalizado exhaustivamente los recursos empleados por los candidatos, además de exonerar sanciones a los partidos políticos.
En esta ocasión las estrategias adoptadas por los diferentes actores se han apartado groseramente de la legalidad.
Durante las próximas semanas la lucha política será intensa y apasionada, por lo que se esperan nuevos delitos electorales.
Un delito es una infracción voluntaria de una ley penal haciendo lo que ella prohíbe o dejando de hacer lo que mandata.
El delito lesiona derechos protegidos jurídicamente con sanciones penales.
Consecuentemente, los delitos electorales son acciones y omisiones que atentan contra los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen nuestro sistema político-electoral.
En el pasado estos principios obligaban al legislador cuando elaboraba las leyes y condicionaban a las autoridades cuando adoptaban sus resoluciones.
Al parecer todo ha dejado de funcionar. El derecho penal electoral constituye una rama de la ciencia jurídica junto al derecho procesal electoral.
La normatividad mexicana considera que los delitos electorales representan un conjunto de acciones y omisiones dentro de las que destacan: las que atentan contra el sufragio efectivo por lo que los votos deben cumplir con los propósitos de la representación política y contabilizarse bien; las que afectan la secrecía del voto porque los ciudadanos deben poder ejercer sus derechos sin que nadie conozca de sus preferencias políticas; las que limitan la universalidad del sufragio por lo que deben votar todas las personas que cumplan con las condiciones legalmente establecidas; y las que condicionan la individualidad en el ejercicio del derecho al voto directo por lo que no debe existir entre elector y candidato intermediario alguno al momento de acudir a las urnas.
Los delitos electorales son agravios directos contra la expresión soberana de la voluntad ciudadana.
Nuestro régimen electoral se sustenta en una estructura institucional conformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral así como por los institutos y tribunales electorales locales.
De este régimen también forma parte la institución encargada de perseguir las violaciones punibles a la norma electoral, representada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales dependiente de la Fiscalía General de la República.
Salvo contadas excepciones, actualmente todo este andamiaje institucional se encuentra en crisis.
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