Avalan cárcel para quienes filtren imágenes de víctimas de violencia; los senadores reformaron el Código Penal Federal.
La reforma tipifica y sanciona la filtración de imágenes o difusión de información de víctimas de feminicidios o ilícitos sensibles relacionados con la violencia de género.
El proyecto modifica la fracción XXVIII del artículo 225 para establecer que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:
Dar a conocer, difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, reproducir.
Así como comercializar, ofertar, intercambiar, copiar o compartir, imágenes, audios, videos, documentos, información en una carpeta de investigación.
O en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.
Dispone que a quien cometa el delito previsto en esta fracción, se le impondrá pena de prisión de seis a 12 años y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
Además, plantea un artículo 225 Bis para que a la persona servidora pública se le imponga una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil UMAS.
Y que esta sanción se aumentará hasta en una mitad más, cuando las víctimas u ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o cadáveres.
Las y los senadores destacaron que este proyecto tiene el propósito de garantizar una vida libre de violencia contra la mujer en todas sus formas.
Avalan cárcel para quienes filtren imágenes
Busca combatir la violencia de género, al tipificar como delito que las personas servidoras filtren o difundan información relacionada con una víctima.
Con este tipo de prácticas, aseveraron, se evitan violaciones a la dignidad y derechos humanos de las víctimas, sus familiares.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez dijo que se busca garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, bienestar físico y psicológico de las víctimas.
Recordó que, en febrero de 2020, se difundieron imágenes del cuerpo de una víctima de feminicidio en noticieros, diarios, periódicos y en redes sociales.
Conocido como el caso de Ingrid Escamilla Vargas.
Sánchez Cordero indicó que es fundamental reconocer que la justicia en materia penal no sólo recae en una sentencia.
Sino también en el respeto irrestricto a la dignidad y memoria de las víctimas, sean directas o indirectas.
El dictamen, que se remitió a la Cámara de Diputados.
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