Ciudad de México.- El veneno está esparcido. La denuncia de Emilio Lozoya implica en actos de corrupción o dudosos a tres expresidentes de la República, le pega en el centro de gravitación a la principal fuerza de la derecha mexicana, el PAN, y pone en tela de juicio a la elección de 2012.
La denuncia que presentó el ex director de Pemex, el 11 de agosto de 2020 en la Fiscalía General de la República (FGR), es el pasaporte a su calidad de testigo protegido, le dará beneficios legales, y se acopla a la narrativa de la 4T sobre la supuesta corrupción en el antiguo régimen.
De nueva cuenta fueron manos anónimas las que pusieron en circulación el documento de 63 páginas, con el propósito de influir en la agenda y de colocar el tema de la corrupción como eje de la discusión pública.
La FGR anunció que indagará la filtración y los abogados de Lozoya se deslindaron. Nadie sabe, aunque todos sepan.
Una parte del relato ya la conocíamos, desde la conferencia del fiscal Alejandro Gertz, cuando anunció que Lozoya quería adherirse al criterio de oportunidad, pero el documento en su conjunto le da otra relevancia.
No es para menos, un integrante de la élite política revela como es que la empresa de Marcelo Odebrecht inició un laborioso trabajo de compra de poder y voluntades, un mecanismo corrupto que activaron en otros países y que tiene contra las cuerdas a buena parte de los políticos históricos y tradicionales.
Lozoya da cuenta de pagos desde 2012, a cambio de favores futuros: Recuerda una comida en Río de Janeiro, en Brasil, en la que departieron con Marcelo Odebrecht, el entonces presidente electo Peña Nieto, Luis Videgaray, el general Roberto Miranda, Idelfonso Guajardo, Luis Weyli y el propio Lozoya.
Señala que un grupo de panistas, integrado por Francisco Javier Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle lo extorsionó, presionándolo por la urgencia que tenía la aprobación de la reforma energética y que le entregó un soborno a Ricardo Anaya en un estacionamiento.
Argumenta que tuvo un jefe, Luis Videgaray y que de todos los movimientos del dinero estaba enterado Enrique Peña Nieto.
El tribunal que imperará, ya lo hacía de algún modo, es el público y no el judicial, porque la utilidad de Lozoya radica en el poder destructivo que tiene su relato y no en las posibilidades legales de la historia que les contó a los fiscales para permanecer en su casa y no en una celda.
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