Ciudad de México.- La desesperación y el enojo eran evidentes en el diputado constituyente del PRI y magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Díaz Infante.
Cuando hablaba en tribuna gritó a unos asesores que platicaban al fondo del salón, para que se callaran, y le dijo en tono de reclamo al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, que ese personal no debía estar en el salón de sesiones.
Luego, cuando le pasaron una tarjeta avisándole que su tiempo se había acabado, dijo que él casi nunca sube a tribuna y pidió que le dieran más minutos para hablar.
Con las mejillas enrojecidas, Díaz Infante lanzó toda suerte de descalificaciones al contenido del artículo 42 del dictamen, en el cual se establece la creación de una figura de vanguardia dentro del poder judicial que se denominará Consejo Judicial Ciudadano.
Después, cuando terminaba, le gritaron desde la bancada del PRD que, como está hoy, el poder judicial se encuentra peor.
“Si estamos peor, ahorita vaya y presente la denuncia correspondiente”, arengó desde la tribuna un ya descompuesto Díaz Infante.
La Constituyente rompe record
El debate más intenso en la sesión sabatina de la Asamblea Constituyente, giró en torno a lo que, diputados afines a la idea, calificaron como la ciudadanización del poder judicial.
La discusión inició con el artículo 40 de la Constitución, con el cual ese órgano legislativo inició hoy el análisis y aprobación del capítulo relacionado con el funcionamiento del poder judicial.
Este día los legisladores rompieron record en la discusión y aprobación de artículos, pues durante esta jornada de trabajo que se extendió por más de 10 horas, y hasta el cierre de esta edición, avalaron 13 artículos del capítulo de poder judicial, del 40 al 52, de entre los cuales se aprobó la creación de una sala constitucional que dirimirá las controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de la Constitución local.
Se aprobó la creación de la Fiscalía General de la Ciudad, en sustitución de la Procuraduría capitalina; se definió que el Tribunal Electoral será un órgano jurisdiccional especializado, pero no un órgano constitucional autónomo; además de que se crean los Tribunales de Justicia Administrativa, y de Conciliación y Arbitraje.
Se crearán dos nuevos organismos autónomos: el Consejo de Evaluación y el Instituto de la Defensoría Pública. El primero de ellos será una entidad técnica colegiada, encargada de la evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la administración pública y las alcaldías. Se integrará por cinco personas.
El segundo es el Instituto de Defensoría Pública el cual tiene la finalidad de asistir profesionalmente de manera gratuita en la defensa de las personas imputadas de algún delito.
Con respecto a la Comisión de Derechos Humanos, se estableció que podrá presentar denuncia de juicio político ante el Congreso por violaciones graves a los derechos humanos y deberá establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales.
En relación al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se estipuló que la falta de cumplimiento de sus resoluciones será causa de responsabilidad administrativa para los funcionarios públicos responsables.
La ciudadanización
Como parte del artículo 40 se establece que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad estará integrado por siete personas, encargadas de designar a los jueces de la capital del país, además de proponer al Congreso local a los candidatos a magistrados.
Uno de los cambios que se establecen en el dictamen y que modificará el esquema actual, considera que el presidente del Consejo de la Judicatura no será la misma persona que presida el Tribunal Superior de Justicia, lo que reduce el poder y la influencia del titular de esa última institución.
Pero además, en el apartado D se señala que los integrantes del Consejo de la Judicatura serán designados por ese Consejo Ciudadano Judicial.
Este Consejo también tendrá entre sus atribuciones proponer al Congreso local la terna para elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, la nueva institución que sustituirá a la actual Procuraduría General de Justicia capitalina.
El Consejo Judicial Ciudadano estará integrado por once personas, de las que siete serán profesionales del Derecho. Esos consejeros deberán gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia; no tener conflicto de interés; no tener militancia partidista, ni haber participado como candidatas o candidatos en un proceso de elección popular, por lo menos cuatro años antes de su designación.
Los integrantes del Consejo Judicial Ciudadanos serán designados por dos terceras partes del Congreso, mediante convocatoria pública, a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta tengan al menos cinco años ininterrumpidos de haberse constituido.
Para la diputada Ana Laura Magaloni, designada por el Jefe de Gobierno, la existencia del Consejo Judicial Ciudadano rompe con la corrupción judicial de los litigios de élite, es decir, se elimina el trato jurídico diferenciado en razón de la posición social de las personas.
“En el sistema de justicia de esta ciudad, como en el resto de las entidades federativas, se pueden pagar importantes sumas de dinero a cambio de tener una sentencia a favor del que soborna o, bien, de lograr tal dilación en el juicio que la contraparte se vea obligada a aceptar, a negociar y aceptar un pago menor al que estaba obligada a darle su otra parte”, expuso la también académica.
Agregó que en sus investigaciones sobre la corrupción en el poder judicial, la pieza central de ese fenómeno es el Consejo de la Judicatura, es decir, el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, y que tiene entre sus atribuciones la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces y magistrados.
Dijo que en la integración de los Consejos de la Judicatura de nuestro país, el Poder Judicial siempre es mayoría y el Tribunal, el Presidente del Tribunal, preside el órgano y tiene mucho poder dentro del mismo.
Explicó que para avanzar en la carrera judicial no cuenta tanto el mérito y el talento; cuenta la lealtad y obediencia, y eso ha hecho que nuestras instituciones de justicia, sobre todo en el ámbito local, no hayan podido responder a las demandas de justicia de la población.
Por ello, destacó, el dictamen propone acabar con esta forma del autogobierno de los jueces.
Consejo Ciudadano nocivo
Manuel Díaz Infante subió varias veces a tribuna, para hablar en contra tanto del artículo 40 como del 42, aunque su discurso más encendido fue en la discusión de este último. Fue en ese momento cuando calló a los asesores y pidió más tiempo para hablar.
Calificó al Consejo Judicial Ciudadano como una figura absolutamente nociva para el Tribunal Superior de Justicia. “Lo están destruyendo (al Tribunal). Aquí perdimos nosotros, con mucha dignidad, por un voto, así es la democracia, pero la que está perdiendo en su totalidad es la Ciudad de México, y ustedes son los que se van a arrepentir después”, dijo el también magistrado, en referencia a la votación del artículo 40 que su bancada y aliados habían perdido minutos antes. Esa votación la ganó la izquierda con 64 votos a favor y 24 en contra.
Dijo que hay una concentración excesiva en las facultades del Congreso, que se convierte en una intromisión en grado de subordinación superlativa, toda vez que el Congreso local designará a los 11 integrantes del Consejo Ciudadano, lo que implica un reparto de cuotas.
“Este Consejo Judicial Ciudadano estaría ejerciendo una atribución del Estado al designar a los integrantes de uno de los órganos depositarios del Poder Judicial. Aquí no estamos hablando de un órgano autónomo, se trata de uno de los tres poderes de esta Ciudad, y ¿saben cómo los van a designar? Sin ninguna responsabilidad. No son servidores públicos, no rinden cuentas ante nadie, simple y sencillamente son químicamente puros porque así lo dijo el Congreso, y como son químicamente puros, tienen la posibilidad de nombrar a siete Consejeros de la Judicatura”, argumentó Díaz Infante.
El legislador del PRI también criticó que el presidente del Tribunal de Justicia deje de ser titular del Consejo de la Judicatura, pues esto generará pugnas internas y dispersión de poder, al existir dos presidentes que en su momento podrían confrontarse, lo que al final perjudicará al poder judicial.
Pidió al resto de legisladores reflexionar sobre lo que se votaría, pues si algo sale mal, “ustedes son los que se van a arrepentir después”, dijo.
Los argumentos no le valieron a Díaz Infante. El PAN se alió en este tema con los partidos de izquierda para lograr los votos por mayoría calificada requeridos para aprobar este tema.
¡Hijodesuuuu!
Aunque subió a tribuna para hablar en contra, el diputado panista Roberto Gil lo hizo sobre todo para razonar su voto, lo que derivó en ajustes de forma y fondo al artículo 42 que las izquierdas aceptarían.
Gil lamentó que los 11 integrantes del Consejo Ciudadano designen a los integrantes de la Judicatura, pero sin rendición de cuentas, lo que podría provocar que intervengan o incidan dentro del poder judicial sin mecanismos de vigilancia y responsabilidad posterior.
Después dijo que hubiera sido ideal replicar modelos como los que se aplican en la legislación federal, que crea órganos colegiados que se conforman para seleccionar y después desaparecen.
“Como está configurado el Consejo Ciudadano tiene carácter permanente, tiene funciones más allá de nombrar o de proponer las ternas al Congreso de los Consejeros de la Judicatura. Su existencia permanente puede generar vínculos de interés con el Poder Judicial, dentro del Poder Judicial si tienen la capacidad de influir indirectamente en el nombramiento de jueces y magistrados”, dijo el legislador del PAN.
Parte de su planteamiento encontró eco entre los legisladores de izquierda, quienes aceptaron modificar la temporalidad en las funciones del Consejo Judicial Ciudadano.
Ana Laura Magalini subió a tribuna para plantear una propuesta de modificación al artículo 42, para dejar establecido que la labor de los consejeros ciudadanos será no remunerada. Se eliminó la redacción original que planteaba una duración de cuatro años en el encargo y se agregó en un numeral 2 que el Consejo Judicial Ciudadano concluirá su encargo una vez ejercida su función.
La construcción de ese segundo numeral tuvo sus complicaciones, pues cuando Magaloni presentó su propuesta en tribuna, la redacción de la misma era confusa, por lo que con lápiz en mano el presidente de la Mesa Directiva se puso a corregir la sintaxis del párrafo.
El problema es que dejó el micrófono abierto cuando soltó la expresión “¡Hijodesuuu!”, justo en el momento en el que estaba tratando de componer la enredada redacción, lo que provocó risas entre quienes alcanzaron a escuchar.
Este papel asumido por Encinas, como redactor de reservas, generó el reclamo de un crispado Manuel Díaz Infante, quien dijo que la redacción de reservas es una tarea que se debe hacer en comisiones, no en el Pleno y menos en la Mesa Directiva.
En el mismo tono, Encinas dijo que intervenía para dar certeza de lo que se estaba poniendo a consideración para votar, por lo que estaba cumpliendo a cabalidad con su función de presidente de la Mesa Directiva.
La reserva de Magaloni y como resultado de la negociación con el PAN derivó en la eliminación de algunas facultades para el Consejo Judicial Ciudadano que venían en el dictamen, como formular recomendaciones respecto a los informes que, en términos de lo dispuesto por las leyes respectivas, rindan ante el Congreso los titulares de los órganos del Poder Judicial y de la Fiscalía, así como llevar a cabo acciones de coadyuvancia y vigilancia para la protección y salvaguarda de los derechos humanos.
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