Abogados de víctimas de la línea 12 del Metro que han rechazado acuerdos reparatorios con el GobCDMX y con grupo Carso, buscarán la reclasificación de los delitos derivados de esa tragedia.
Su intención es que las lesiones y homicidios culposos derivados de aquel percance, se reclasifiquen a lesiones y homicidios dolosos.
Esto impactaría en la gravedad de la pena contra quienes resulten responsables de aquel trágico desplome de la trabe que dejó 26 muertos y más de 100 lesionados.
LA PRÓXIMA AUDIENCIA
El 2 de mayo se celebrará la audiencia inicial de imputación contra 10 ex servidores públicos, entre quienes se encuentra el ex director del Proyecto Metro Enrique Horcasitas.
Es una audiencia que se ha pospuesto en tres ocasiones, por argumentos como faltas en la entrega de copias de la carpeta de investigación a las partes involucradas.
En conferencia, el abogado y director del despacho jurídico Bearr, Teófilo Benítez, habló de la estrategia que seguirán en la audiencia del 2 de mayo.
Dijo que ese día pedirán al juez de control la reclasificación de los delitos.
Lo harán con base en los resultados de un dictamen pericial generado por ellos mismos.
En ese dictamen demostrarán que hubo dolo de las autoridades, por las fallas en la construcción y luego en el mantenimiento de la línea 12.
RECHAZAN INDEMNIZACIÓN
Ninguna de las doce víctimas representadas por Teófilo Benítez y su despacho han aceptado la indemnización ofrecida desde el GobCDMX.
Dijeron que no buscan dinero y que no tienen ellos por qué buscar un pago o un acuerdo reparatorio, ni a las autoridades que les presionan, pues no fueron ellos quienes “tiraron” esa línea del Metro.
Del dinero que aceptaron de las autoridades, fue un pago inicial emergente de 10 mil pesos y luego 30 mil para gastos funerarios o necesidades inmediatas.
Presentes en la conferencia, las víctimas dijeron que nadie de Grupo Carso les ha dado la cara y cuando se habló de alguna cita los dejaron plantados.
Han sido convocados a las instalaciones del Metro en la calle de Luis Moya, pero les piden que vayan sin abogados y es para presionarlos que firmen acuerdos reparatorios.
Les exigen ahí que se desistan de los procesos judiciales emprendidos contra las autoridades y contra las empresas constructoras.
ARGUMENTOS JURÍDICOS
El también abogado del despacho Bearr, Antonio López Mendoza, explicó parte de los argumentos jurídicos en que sustentarán la reclasificación de los delitos.
Dijo que el colapso de la trabe no fue un dolo directo, porque no se pretendió privar de la vida a nadie de forma directa.
“No es un dolo directo porque no lo hicieron (la construcción de la línea 12) con dolo para querer afectar a las personas.
“Pero hay un dolo eventual, es decir, confiaron en que no se produciría el resultado (el colapso de la trabe), pero confiar no implica que no se pueda dar el resultado que a la postre surgió”, detalló.
Estimó que de lograrse un cambio en la reclasificación, podría solicitarse una prisión preventiva justificada de manera oficiosa en contra de los ex funcionarios imputados.
EL FACTOR HORCASITAS
Entre esos ex funcionarios está Enrique Horcasitas, quien acaba de obtener un amparo para que no se ejecute en lo inmediato y antes de la audiencia, una aprehensión en su contra.
Teófilo Benítez consideró que ese amparo podría no resultarle efectivo al ex director del Proyecto Metro.
Dijo que la defensa de los afectados exhibirá al Juez de Control los datos de prueba que permiten corroborar que el ex funcionario y coacusados incurrieron en faltas graves.
Las faltas, acusó, fueron en el modelo, construcción, diseño, operación y mantenimiento de la Línea 12.
ARGUMENTOS TÉCNICOS
Los argumentos técnicos que presentarán ante el juez para pedir la reclasificación fueron elaborados por el ingeniero Tomás Andrade.
En la conferencia, el especialista ofreció detalles de ese peritaje, en el que destaca como principal conclusión que el desplome de la trabe fue el resultado de una suma de elementos desafortunados.
Hubo un mal diseño, pésima supervisión y deficiente mantenimiento, lamentó.
En la zona cero de la tragedia, explicó, se registró una deflexión de la trabe que no fue atendida.
No se hicieron revisiones topógráficas recurrentes, se presentaron agrietamientos en cabezales, no se atendieron tampoco fugas de agua que provocaron la oxidación de estructuras metálicas.
Las losas prefabricadas que se montaron en el sitio se abrieron y deformaron, además de que en los cabezales de la columna más cercana a la zona del colapso no se incluyeron apoyos fijos.
Hay evidencia de que un 75 por ciento de pernos Nelson fueron mal colocados.
VAN POR DEMOLICIÓN
Otra estrategia jurídica y mucho más ambiciosa por parte del despacho Bearr es interponer una acción colectiva para buscar la demolición del tramo elevado de la línea 12.
El abogado Marco Antonio Olivares dijo que existe un interés colectivo acreditado para solicitar la demolición de una estructura que resulta peligrosa para la población.
Al demolerse el tramo elevado, dijo, se incumple la garantía de no repetición al que están obligadas las autoridades.
DILACIÓN
Aunque los integrantes del despacho Bearr tienen clara la estrategia jurídica para favorecer a sus representados, Teófilo Benítez aceptó que en la audiencia sólo esperan dilación.
“Hemos estado presionando con diversas denuncias y demandas.
“Lo que ellos tratan de hacer es que las víctimas se desesperen, caigan en la desesperación y la necesidad, solo ha habido dilación y cada vez se inventan una diferente artimaña”, acusó el litigante.
Consideró que las autoridades no quieren llegar a las imputaciones y van a realizar diversas artimañas para que eso no se haga.
“Nos opondremos y queremos que esa audiencia se realice forzosamente, para que se reclasifique de lo culposo a lo doloso”, sostuvo Teófilo Benítez.
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