La 4T en el Congreso capitalino “planchará” el próximo jueves 13 de junio, en un periodo extraordinario de sesiones, la aprobación de la polémica Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social que le restringe facultades a las alcaldías para crear y aplicar sus propios programas sociales.
Hoy, en reunión de legisladores de distintos partidos que conforman las comisiones dictaminadoras, fracasó el intento de llegar a a una redacción de consenso respecto al artículo 58, el más controversial de esa iniciativa.
La redacción original de ese artículo que provocó la disputa entre la 4T y la oposición establece en un segundo párrafo que “en ningún caso las alcaldías podrán establecer programas y políticas sociales que repliquen las establecidas por el gobierno central”.
Además, condicionaba la creación de programas a que hubiera suficiencia presupuestal.
LEY BATRES
La propuesta de esa polémica Ley surgió en el escritorio del jefe de Gobierno Martí Batres, quien la envió al Congreso de la Ciudad con la intención de que fuera aprobada antes de las elecciones.
El pasado 23 de mayo ese dictamen llegó al Pleno y ahí se aprobó en lo general con 57 votos, pero la oposición presentó reservas al documento, en busca de modificar los artículos más controversiales.
Luego de una larga discusión, los partidos de oposición lograron que se rompiera el quorum y así se suspendiera la aprobación del dictamen en lo particular.
ACUERDO EN JUCOPO
Hubo después una reunión de los coordinadores de bancada al seno de la Jucopo, quienes acordaron retirar el dictamen para que ya no se discutiera en los últimos días del periodo ordinario que concluyó el 31 de mayo.
Los integrantes de la Jucopo determinaron que el documento regresara a la comisiones para que ahí se analizaran las reservas.
Así hoy los diputados de esas comisiones se reunieron de manera informal para presentar propuestas de redacción.
PROPUESTA DE MORENA
El diputado morenista Alberto Martínez Urincho presentó una propuesta que eliminaba el polémico segundo párrafo.
En su lugar propuso que “los programas sociales que implementen las alcaldías deberán coordinarse con las áreas correspondientes del gobierno de la Ciudad con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad”.
Pero el diputado del PAN Ricardo Rubio se opuso a esa redacción, pues consideró que prevalece una redacción en detrimento de las alcaldías cuando se habla de una coordinación obligada y condicionada con el gobierno central.
Rubio presentó su propia propuesta a través de la cual planteó que “para garantizar el acceso universal de toda la población objetivo a los programas sociales, el gobierno de la Ciudad y las alcaldías procurarán la máxima coordinación en el diseño e implementación de los mismos”.
Esa redacción no convenció a los morenistas, quienes se empeñaron en mantener la suya.
Al final, por tratarse de una reunión informal de trabajo, solo se levantó una minuta en la que quedaron asentadas las tres propuestas para el artículo 58, la que le quita facultades a las alcaldías, la que presentó Urincho y la de Ricardo Rubio.
Al final, los legisladores quedaron en continuar los trabajos para buscar consensos, de aquí a que se celebra el extraordinario del próximo jueves.
ENGAÑO DE MORENA
Después de la reunión, el diputado Rubio emitió un comunicado de prensa cargado de acusaciones contra Morena.
“Sólo esperaron a que pasaran las elecciones para no pagar el costo político de la centralización de los programas sociales, que, como ya se vio, son utilizados con fines políticos y para controlar a quienes más lo necesitan”, expresó el panista.
Lamentó que en la sesión extraordinaria del próximo jueves la 4T pretende sacar la iniciativa que centraliza en favor del gobierno los apoyos a la ciudadanía.
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