Ciudad de México.-El Pleno del Congreso capitalino tomó protesta hoy a los siete integrantes de la Comisión Técnica encargada de conducir la transición de la Procuraduría capitalina a la Fiscalía General.
Ana Laura Magaloni, Patricia Lucía González Rodríguez, Carla Juliana Sosa González, Hector Carreón Perea, José Miguel Cortés Morales, Juan Antonio Araujo Rivapalacio y Layda María Esther Negrete son los integrantes de esa Comisión, que se crea por mandato constitucional.
Pero la Constitución local también ordena que a más tardar el 5 de diciembre, es decir, ayer, debía entrar el vigor la Ley de la Fiscalía General, un plazo que no pudo cumplir el Congreso local.
Sin embargo, para nuevos comisionados como Ana Laura Magaloni, esto no significa un desacato a la norma máxima local. Incluso planteó que propondrá al resto de integrantes de la Comisión Técnica sugerir al Congreso local posponer por un año no sólo la entrada en vigor de esa Ley, sino también el nombramiento del futuro fiscal.
La académica destacó que hay ya una iniciativa de Ley de Transición en el Congreso local, con una ruta que no ha habido en ninguna entidad federativa. Expuso que los términos constitucionales están demasiado ajustados como para poder crear una Fiscalía en serio y no solo un cambio de letrero.
Reiteró que lo importante debe ser ordenar el debate y eso implica diseñar primero la institución y luego crear la ley para generar una institución realmente nueva y eficiente.
En un ejercicio de autocrítica, pues ella fue diputada constituyente, consideró que los artículos transitorios de la carta magna local dan márgenes muy estrechos para crear el marco jurídico en torno a la nueva Fiscalía.
Los transitorios establecen que la Ley de la Fiscalía debía entrar el vigor el 5 de diciembre; pero además obligan a crear el Consejo Judicial Ciudadano el próximo 31 de diciembre y tener el nombramiento del nuevo fiscal a más tardar el 31 de mayo de 2019.
“Si queremos hacer las cosas mal cumplamos con los términos constitucionales o ¿cuál es el valor mayor? El valor mayor es tener una buena Fiscalía que opere en la Ciudad de forma sistémica y profesional, y eso es lo que estamos tratando de maximizar en este proceso”, dijo la ex legisladora constituyente.
Así, Magaloni habló de la posibilidad de extender por un año plazo para nombrar al nuevo fiscal, para maximizar la idea de que la institución funcione, lo contrario sería actuar ante la presión política.
Cuestionada sobre el desacato, la académica expresó: “Yo creo que lo que estamos cumpliendo es el contenido sustantivo de la Constitución, la posibilidad de transitar a una buena fiscalía, eso versus una fecha, y en derecho y en política siempre hay una tensión entre fuerzas. Yo no creo que este sea un desacato, yo creo que esto es maximizar la posibilidad de que los ciudadanos tengamos una institución que sirva, en vez de cumplir una fecha”.
La terna
Por otra parte, el Pleno del Congreso local informó este jueves en su sesión ordinaria que recibió la terna de candidatos a encabezar la Secretaría de la Contraloría.
Aunque se informó que el documento llegó con la firma del ex jefe de Gobierno José Ramón Amieva, la propuesta de terna la hizo la actual mandataria Claudia Sheinbaum.
La semana pasada y antes de su toma de protesta, Sheinbaum anunció a los integrantes de esa terna.
En la terna está Teresa Monroy Ramírez, ella es abogada especializada en Gestión Pública. Cuenta con 23 años de experiencia en áreas administrativas y normativas en diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad; como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y la Contraloría General. Cuenta con varios cursos y diplomados sobre auditoría, licitaciones y adquisiciones.
La jefa de gobierno también propuso a Juan José Serrano Mendoza. Es abogado por la Universidad La Salle. Se ha especializado en derecho corporativo y en combate a la corrupción dentro del marco del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Cuenta con estudios en Administración Pública por la Universidad de Birminham, Inglaterra; tiene una especialidad en derecho laboral por la Universidad Panamericana, entre otros estudios. Es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Se desempeñó como presidente de la Fundación Barra Mexicana del Colegio de Abogados, desde donde encabezó varios equipos de trabajo de defensa probono en casos relevantes, por ejemplo la Acción Colectiva que interpuso un grupo de padres del Colegio Rébsamen en contra de varias instancias de los gobiernos federal, local y delegacional.
Es abogado independiente y fue servidor público en diversas instancias del Gobierno Federal, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social; en la administración local fungió como Secretario Auxiliar en la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal.
El último en la terna es Luis Antonio García Calderón. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y Doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.
Es director general de Contralorías Internas en Entidades de la actual Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en la administración pública local en áreas como el Registro Público de la Propiedad, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Sistema DIF-DF, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
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