Ciudad de México.-El Pleno del Congreso capitalino finalmente aprobó esta tarde la Ley Orgánica del Instituto de Planeación, con el voto en contra de los diputados de oposición. Los legisladores del PAN reiteraron vicios de ilegalidad en la aprobación, la eliminación de la voz ciudadana en este tema y la centralización del nuevo organismo en el Gobierno de la Ciudad.
Luego de que el 20 de enero se regresó el dictamen a comisiones para ajustar la normatividad y eliminar la incorporación de una oficina de Planeación en cada alcaldía, el documento se aprobó con 35 votos a favor y 14 en contra.
Al presentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Comisión de Administración Pública, la diputada de Morena Guadalupe Chavira destacó que en la elaboración del dictamen se incorporaron recomendaciones y propuestas formuladas por diputadas y diputados de las diferentes bancadas, así como de representantes de organizaciones de la Sociedad Civil.
Así, surge por mandato constitucional el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Una Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto. También lo integrarán una Dirección General, un Director Técnico, un Consejo Ciudadano y una Oficina especializada para la consulta pública y la participación social.
La diputada del PAN, Gabriela Salido, propuso que el encargado de esa Oficina de Consulta Pública surgiera por designación del mismo Congreso de la Ciudad, pero la mayoría de Morena rechazó el planteamiento.
De Acuerdo a la Ley del Instituto, la persona titular del Instituto Director General será designada por mayoría calificada del Congreso, a partir de una terna propuesta por un comité de selección y de acuerdo a los requisitos y métodos previstos por la ley.
La Junta de Gobierno será un ente de carácter plural e interdisciplinario. Estará formado por las personas titulares de las secretarías de Gobierno, de Administración y Finanzas, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Medio Ambiente, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como tres personas representantes del Cabildo, que serán designados en una sesión especial y siete personas consejeras ciudadanas integrantes del Directorio Técnico.
Quien sea titular de la Dirección General del Instituto será el Secretario Técnico de esa Junta, mientras que el Consejo Ciudadano, integrado por 12 personas, será un órgano de consulta obligatoria y diálogo público, con carácter consultivo y propositivo en materia económica, social, cultural, territorial, ambiental y las demás relacionadas con la planeación para el desarrollo y la ordenación territorial.
La Oficina Especializada para la Consulta Pública y la Participación Social se encargará de llevar a cabo todos los procesos, vinculación y articulación con la sociedad, a efecto de que los instrumentos de planeación se armonicen y elaboren con la participación ciudadana en las distintas etapas y escalas del proceso integral de planeación.
El Instituto contará con un Órgano Interno de Control adscrito jerárquica, técnica y funcionalmente, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. La persona titular tendrá a su cargo las actividades relativas al control y evaluación de la gestión pública del Instituto, conforme a la legislación correspondiente y a los lineamientos que emita la citada dependencia.
Durante la discusión en lo particular, el Pleno aceptó una propuesta de modificación al artículo 7 que hizo el panista Federico Döring, para dejar establecido que en las sesiones de la Junta de Gobierno participarán como invitados permanentes, con vox pero sin voto, los titulares de la Comisión de Derechos Humanos, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, así como del Sistema de Aguas.
También se aprobó una reserva al artículo 16 de la diputada del PT, Circe Camacho, por las cuales se establece la obligación del Instituto, a fin de que emita convocatoria pública para la participación ciudadana en las etapas de formulación, actualización y modificación de los distintos proyectos de instrumentos generales de planeación.
Además, el Instituto deberá convocar de manera particular a los comités de participación comunitaria del ámbito territorial del que se trate. Asimismo convocará de manera específica a las autoridades de los pueblos, barrios y comunidades originarias sobre los que tengan repercusiones el instrumento de planeación respectivo.
Luego de la votación, los panistas Gabriela Salido y Federico Döring sostuvieron que con este dictamen el Instituto de Planeación, más allá de ser un espacio de opinión ciudadana, fungirá como brazo político-ejecutor del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Döring lamentó que se crea una oficina de ‘carnales chatos’, donde la participación ciudadana estará acotada a los acuerdos que la mayoría de planeadores carnales de la administración de Claudia Sheinbuaum determine en la Junta de Gobierno.
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