Toluca, Estado de México.- Como resultado de la atención a las solicitudes de asesoría y representación jurídica laboral que presentan las y los empleados mexiquenses, sus beneficiarios y sindicatos, en lo que va del año la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha recuperado a través de convenios un millón 470 mil 813 pesos.
Lo anterior lo dio a conocer Miguel Ángel Terrón Mendoza, titular de la institución del gobierno estatal encargada de defender los derechos laborales y mantener el equilibrio entre los factores de la producción.
El funcionario estatal detalló que, a dicha cantidad de convenios administrativos, corresponden 997 mil 704 pesos a acuerdos logrados ante la misma procuraduría y 473 mil 108 pesos a convenios conseguidos ante las autoridades, como el Tribunal y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
“Los convenios se dan gracias al diálogo social y a que privilegiamos la conciliación como herramienta alternativa en la solución de conflictos, por ser uno de los medios más eficaces para solucionar las controversias laborales, no solo por la proclividad a encontrar la mejor solución para todos, sino porque permite a los involucrados responsabilizarse y poner fin a sus conflictos dentro del marco de la ley”, indicó.
Terrón Mendoza recordó a los trabajadores que en estos momentos la Procuraduría de la Defensa del Trabajo continúa otorgando sus servicios a quien lo solicite, sólo que por la pandemia de Covid-19, que se brindan de manera indirecta, a través del sitio de internet https://siat.edomex.gob.mx/citaOnline, la línea telefónica 800-770-22-33 y el correo electrónico [email protected].
"Estaremos trabajando de esta manera en tanto las autoridades sanitarias mantengan el semáforo epidemiológico en color rojo o indiquen que ha pasado el mayor peligro de contagio", señaló.
Finalmente puso al servicio de los ciudadanos los servicios que ofrece gratuitamente la Procuraduría en situaciones como despido injustificado, riesgos de trabajo, reparto de utilidades, vacaciones y prima vacacional, pago de incapacidades, designaciones de personas beneficiarias e indemnización por muerte, entre otras.
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