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Justicia

Presionó Sheinbaum para que se aprobara ya Ley del Banco de ADN. Diputados querían pasarlo al 2020



Ciudad de México.-Diputados locales tuvieron que recular en su intención de dejar para el próximo año la aprobación de Ley por la que se crea el Banco de ADN para Uso Forense de la Ciudad.



Legisladores consultados reconocieron que desde el gobierno de la Ciudad se les exigió, al menos a la bancada de Morena, que antes de clausurar el periodo ordinario de sesiones, aprobaran esa ley por formar parte fundamental de la Alerta por Violencia hacia las Mujeres decretada hace dos semanas por la misma Claudia Sheinbaum.



Así, aunque ya los diputados planeaban irse de vacaciones luego de que durante la madrugada del sábado aceleraron la aprobación del paquete económico del 2020, para clausurar de inmediato el periodo ordinario de sesiones, tuvieron que citar a sesión ordinaria este domingo, en el plazo límite para el cierre del periodo ordinario de sesiones.



El pasado viernes por la tarde, en una reunión de comisiones, legisladores de todos los partidos entre ellos los de Morena como Alberto Martínez Urincho, coincidieron que no había condiciones para discutir el dictamen, pues era necesario más tiempo y un análisis a fondo del tema e incluso se pronunciaron por realizar foros con especialistas, al reconocer que ellos como diputados no son especialistas en el tema.



Pero la mañana de este domingo, sin foros y sin el análisis del que antes hablaban, se reunieron las comisiones unidas de Justicia e Igualdad de Género para aprobar en una hora el dictamen de esa ley que regula el Banco de Perfiles Genéticos para uso forense. De forma inmediata el documento se remitió al Pleno, que se reunió en su sesión de clausura para aprobar la Ley del Banco de ADN por unanimidad de 59 votos.



Con este Banco se busca facilitar el esclarecimiento de los hechos que puedan constituir los delitos de secuestro, violación, estupro y feminicidio en los casos en que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, con la finalidad de lograr la identificación de las personas responsables.



Las bases de datos se establecerán con la información genética de personas detenidas, imputadas y sentenciadas por la comisión de los delitos previstos en esta legislación; además, se integrará con la información genética de las personas servidoras públicas que forman parte de las instituciones de seguridad ciudadana y de los integrantes del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, así como de la jefa de gobierno y de los prestadores de los servicios de seguridad privada.



En esa base de datos también estará la información genética de las víctimas de delitos secuestro, violación, estupro y feminicidio en los casos en que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.



De entre la reservas que de última hora se aceptaron, esta una propuesta del perredista Jorge Gaviño para señalar que la información incluida en el banco de ADN no podrá utilizarse en juicios civiles y familiares.



Durante el debate de las comisiones se agregaron dos reservas fundamentales, una para que en el Banco de Perfiles Genéticos se comiencen a incluir los datos de personas que ya se encuentran sentenciados por los delitos de secuestro, violación, estupro y feminicidio en los casos en que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.



La otra reserva detalla que si la sentencia es absolutoria, los datos de la persona deberán ser eliminados del banco de ADN.



Como ya se comienza a hacer costumbre en cada ley que aprueba el Congreso capitalino, los legislador de Morena incluyeron a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) como autoridad responsable relacionada con el Banco de Perfiles Genéticos.



El perredista Gaviño acusó la intervención de esa Agencia, pues dijo que no había razón de ser que forme parte de una Coordinación Interinstitucional de Operación y Supervisión del Banco de Perfiles Genéticos.



Advirtió sobre las enormes atribuciones de las cuales goza la ADIP incluso para el futuro manejo de la información de los capitalinos con fines electorales.



Dijo que se debía eliminar a la ADIP pero su planteamiento no prosperó, pues el morenista Eduardo Santillán, argumentó que ese organismo será el encargado de diseñar el sistema para crear el Banco de ADN.



Lo único que se le concedió a Gaviño fue eliminar la intervención de entes privados para el resguardo de la información genética.



El Banco de Perfiles almacenará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida de Indicios, huellas o vestigios encontrados en el lugar de los hechos que puedan constituir algún delito de los previstos en esta Ley.



También estará la información de Personas detenidas, imputadas y sentenciadas por cualquiera de los delitos previstos; las Muestras aportadas voluntariamente por las víctimas o cualquier persona de interés según lo considere la autoridad ministerial, y Personas prestadoras de los servicios de seguridad privada.



Además, estarán los datos de Personas servidoras públicas que forman parte de las instituciones de seguridad ciudadana, de los integrantes del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, y de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.



Lo anterior, independientemente de los registros a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos a otros medios que permitan la identificación de las personas, los cuales consistirán en información obtenida a partir de pruebas biológicas de Dactiloscopía, Iroscopía, Pelmastocopía, Quiroscopía, Quiloscopía, Rugoscopía y Poroscopía, así como las demás derivadas de los avances científicos y tecnológicos.



En los artículos transitorios se señala que el Banco de Perfiles Genéticos deberá estar en operación a más tardar dentro de los 365 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. La implementación del Banco de perfiles genéticos será gradual, debiendo quedar concluida en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre del 2022.



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