Ciudad de México.- Tras revisar con detalle la minuta de la Cámara de Diputados que se envió al Senado sobre la Ley de Seguridad Interior veo un gran retroceso en materia de derechos humanos en México.
La mayor preocupación es la realización de esta ley en un año electoral, podría suponer la intención de un fraude y el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas sociales.
No somos ingenuos y sabemos que la legislación lleva una dedicatoria en caso de que Morena sea derrotado en su totalidad y se convocará a la movilización social o bien que Morena ganará alguna entidad y desde ahí bajo la sospecha de un fraude se instaurará un gobierno legítimo.
Lo anterior es producto de las ambigüedades que presenta el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados.
El riesgo es que el concepto de seguridad interior va asociado a los regímenes autoritarios.
Además de las ambigüedades llama la atención el énfasis que se hace para dar seguridad a las instituciones.
La militarización del país, sin embargo, no requiere de esta ley porque ya aplica de facto, lo cual es otra grave violación a la Constitución porque las Fuerzas Armadas actúan sin certeza jurídica.
Otro punto grave es que no se establece la aprobación del Congreso de la Unión, por lo que es el sueño de cualquier Presidente.
Ante el inminente riesgo de la militarización, el alto comisionado de la ONU en México ya hizo llegar una misiva al Senado para impedir su aprobación.
Esperemos que no avance una ley, deficiente, ambigua y proclive a un régimen autoritario.
NOCAUT. La contienda por el Frente se dibuja entre Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya. Rafael Moreno Valle luce de sparring.
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