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Editoriales

La política de los pobres

Ciudad de México.- El frenesí con el que Andrés Manuel López Obrador ha anunciado el conjunto de políticas y estrategias que caracterizarán a su administración, y que abarcan un abanico de propuestas que un día se definen de un modo y al siguiente se modifican, lo está llevando a crear falsas expectativas no ayunas de preocupaciones entre la población.

Decisiones sobre el nuevo aeropuerto, la industria nacional petrolera, la descentralización de las dependencias públicas, el combate a la corrupción, la reducción de salarios de la alta burocracia o sobre política exterior y comercio, son planteadas para después matizarlas.

Es comprensible que el muy amplio consenso social que recibió en las urnas lo obligue a reaccionar, muchas veces de manera irreflexiva, a las enormes necesidades de cambio que el categórico mandato electoral le confirió. No obstante, el futuro presidente no debe de perder de vista el bosque para apreciar solamente los árboles más cercanos.

De los innumerables problemas que aquejan al país destaca la profunda desigualdad que existe entre los mexicanos.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que en los últimos ocho años casi 4 millones de individuos se sumaron a la pobreza, para alcanzar la cifra de 53.4 millones de personas en esa condición.

La situación es más grave a nivel regional siendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla donde se concentra el 45% del total de los pobres.

La desigualdad refleja una distribución inequitativa de resultados y de acceso a oportunidades entre individuos y grupos. Estas diferencias son injustas porque afectan aspectos cruciales de la vida de quienes se encuentran en desventaja por su posición social. Las desigualdades tienen repercusiones sobre la concentración de recursos y el acceso a las oportunidades.

La elevada desigualdad no sólo genera graves problemas sociales y económicos, al reducir el capital social en las comunidades y erosionar los niveles de confianza entre los ciudadanos, sino que también tienen implicaciones directas sobre el funcionamiento de la democracia.

La concentración de recursos en grupos privilegiados de la sociedad puede aumentar desproporcionadamente la capacidad que tienen las élites para influir en las agendas de los gobiernos y partidos políticos.

La desigualdad actúa en detrimento de la estabilidad institucional y la consolidación democrática. La equidad se refiere a un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia que busca atender las necesidades y los intereses de personas que son diferentes porque se encuentran en desventaja.

El valor más importante que subyace a esta problemática es la justicia distributiva, para decirlo con el gran pensador político John Rawls, quien concibe a la sociedad como un sistema equitativo de cooperación.

Sostiene que las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos condiciones: por un lado, estar vinculadas a posiciones abiertas a todos en condiciones de igualdad de oportunidades; y por el otro, las desigualdades deben producir un mayor beneficio para los miembros en desventaja social.

La igualdad formal significa que los derechos humanos son comunes a todas las personas, mientras que la igualdad sustantiva apunta a la correspondencia entre los resultados para garantizar con acciones concretas que las desventajas inherentes a determinados grupos no persistirán.

El dilema de la desigualdad representa el principal reto para el próximo gobierno.

Correo: isidroh.cisneros@gmail.com

Twitter: @isidrohcisneros

Etiquetas CDMX AMLO Pobreza Coneval Morena

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