Ciudad de México.- Hacer campaña en México se convirtió en un verdadero peligro. El riesgo no es menor. Salir a la calle a pedir el voto ciudadano cuesta vidas y no hay autoridad ni federal ni estatal ni municipal que tenga la capacidad o la voluntad de detener las agresiones.
Después del asesinato de algún candidato, los políticos, comenzando por el presidente de la República, condenan y envían condolencias. Sería mejor que las evitarán y brindarán seguridad a los aspirantes.
En marzo pasado, el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró que entre el 30 y 35 por ciento del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado.
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Indignado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó esa descripción de la situación de violencia que priva en nuestro país. Las campañas le dan la razón al funcionario estadounidense.
El actual proceso electoral es una radiografía de lo que sucede en México: la delincuencia organizada quita y pone candidatos; asesina y amenaza a quienes no quiere ver en gobiernos municipales y estatales.
Etellekt Consultores reveló que del 7 de septiembre –día en que inició formalmente el proceso electoral– a la fecha, han sido asesinados 88 políticos, de los cuales 34 eran candidatos y aspirantes a cargos de elección popular.
Tal nivel de violencia no se había visto antes y tampoco el poco interés de las autoridades por atender un problema que se impone a un proceso que tendría que ser una fiesta democrática.
El crimen organizado se impone al Estado y el gobierno se limita a enviar condolencias, en vez de garantizar la seguridad de quienes aspiran a un puesto de elección popular.
Salir a pedir el voto es un riesgo, porque en esos recorridos se puede perder la vida. México se torna cada vez más violento y nadie hace nada.
El crimen organizado busca imponer candidatos, particularmente en los municipios, porque es más fácil amedrentar a quienes aspiran a ese nivel de gobierno. Si alguno no les gusta o no atienden las “peticiones” lo acaban con pólvora.
A 10 días del 6 de junio, la democracia y el Estado sucumben ante la delincuencia.
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