Ciudad de México.- El actual candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, son acausados del desvío de más de 724.6 millones de pesos en recursos públicos a empresas relacionadas con ellos y sus familiares, motivo por el que se les acusa de este delito, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por transferencias detectadas a personajes ligados con la delincuencia organizada.
Los presuntos actos delictivos se habrían ejecutado mientras padre e hijo ocuparon cargos públicos en los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí (periodos 2009-2012, 2012-2015 y 2015- 2018).
Por estos hechos, Gallardo Cardona fue aprehendido en 2015 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como resultado de la causa penal 188/2014, emitida por el Juez Primero de Distrito del Estado de Sonora.
Sin embargo, interpuso un amparo con el fin de valorar las pruebas presentadas, mismo que le fue concedido debido a que el juez consideró que los montos en cuestión tenían un origen legal, al provenir de las arcas municipales.
“Tales operaciones o triangulaciones, como lo denomina la autoridad responsable, constituyen únicamente el mecanismo delictivo utilizado para ocultar la distracción o desvío de los recursos económicos de que trata, pero en sí, no constituyen un delito diverso”, se lee en el recurso de apelación con número 16/2015.
Luego de 11 meses preso en los centros penitenciarios federales de Hermosillo, Sonora y Ocampo, Guanajuato, Gallardo Cardona fue liberado. Las investigaciones expusieron el esquema que se puso en marcha para transferir recursos públicos a las empresas vinculadas con el entonces funcionario estatal; pero las nuevas indagaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntan a que el monto es mayor al reportado ese año, cuando ascendió a 209 millones 911 mil 506 pesos.
La UIF presentó las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con miras a que fueran congeladas al menos 20 cuentas bancarias de compañías vinculadas con el actual abanderado de la coalición integrada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
Al menos 20 razones sociales y 19 personas se verían involucradas en la triangulación, “muchas de ellas cuyos accionistas son miembros de la familia Gallardo Cardona, constituidas en el periodo en el que José Ricardo Gallardo Cardona y José Ricardo Gallardo Juárez se desempeñaron como servidores públicos”, señalan los documentos.
En los mismos son descritas fechas, montos de las transferencias y números de cuenta pertenecientes a bancos como Banregio, Banorte y Santander, a los que iban a parar las cantidades una vez que salían de las cuentas del municipio.
Además, las autoridades detectaron “depósitos millonarios en efectivo, de esta manera, se ejecutó la triangulación de recursos, mismos que posteriormente se integraron como capitales aparentemente lícitos”, los cuales habrían sido empleados en transferencias a Australia y Estados Unidos, así como en la compra de propiedades.
Entre las firmas involucradas se encuentran Tangamanga Continental S.A. de C.V., Gallardo Continental S.A. de C.V., Inversión Creativa de Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V., Distribuidora Gallardo S.A. de C.V., e Inmobiliaria Joriga S.A. de C.V., listada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa que factura operaciones simuladas, con carácter definitivo desde 2016.
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