Ciudad de México.- Ante las eventuales acciones y controversias constitucionales que se interpongan por la publicación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que acompañará a través del amicus curiae los recursos que se interpongan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"En el ámbito de sus atribuciones, este Organismo Público Autónomo acompañará las acciones que se interpongan ante el Máximo Tribunal que atenten contra el orden constitucional y las libertades, a través de la presentación del documento denominado Amicus Curiae, en el cual se argumente la trascendencia de atender la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos", señaló en un comunicado.
La Comisión agregó que en un contexto de creciente violencia como el que atraviesa nuestro país, el diálogo entre todos los actores involucrados es necesario. Por este motivo, la CDHDF confió que las y los Ministros escuchen las voces de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instancias internacionales, academia y personas expertas en el ámbito.
Agregó que la Ley de Seguridad Interior es ambigua, propicia la opacidad y pone en riesgo los derechos humanos en todo el territorio nacional. Recordó que como ya lo ha señalado la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esa legislación también afecta el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes.
Para la CDHDF el problema de la violencia y la criminalidad tiene causas estructurales que no se resuelve por la fuerza, mucho menos sacando a las calles a las y los elementos castrenses, como ha ocurrido en los últimos 10 años.
Se requiere de un enfoque intersectorial que atienda los más altos estándares en materia de derechos humanos, capacitando a nuestras policías y fortaleciendo el andamiaje institucional para garantizar verdaderamente seguridad y justicia, consideró la CDHDF.
Legitimar las acciones de las Fuerzas Armadas para que realicen tareas de seguridad pública, abriría la puerta a más violaciones a derechos humanos y perpetúa los casos de impunidad registrados en la última década en México, criticó el organismo.
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