El Pleno del Congreso capitalino aprobó reformas al Código Penal para endurecer las sanciones de cárcel contra automovilistas involucrados en hechos de tránsito, cuando conduzcan en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, se den a la fuga, invadan una ciclovía y el carril confinado de transporte público o evadan un punto del alcoholímetro.
La reforma contempla que, cuando un conductor cometa el delito de lesiones culposas, como podría ocurrir al atropellar a un ciclista, el ilícito se perseguirá de oficio y no por querella como ocurre actualmente, de acuerdo a la propuesta de reforma contenida en el artículo 135 del Código.
El supuesto de una pena de prisión más severa aplicará también cuando el accidente de tránsito suceda por superar en más de dos terceras partes la velocidad máxima establecida en el Reglamento de Tránsito o a consecuencia de utilizar el teléfono celular mientras se maneja.
Esta reforma surge a partir de una iniciativa que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum envió en mayo pasado al Legislativo local.
El Pleno del Congreso de la Ciudad la aprobó por unanimidad de 49 votos durante la sesión extraordinaria que se realizó el 7 de julio.
En la reforma quedó incluido un cambio fundamental dentro del artículo 140 del Código Penal, pues plantea que cuando un homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impongan dos terceras partes de las penas previstas en los artículos 123 y 130 del mismo Código.
Con lo anterior se elevaría el tiempo de prisión, pues actualmente se prevé que la pena de cárcel sea de la mitad prevista en los artículos 123 y 130.
De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa que envió Sheinbaum, en el texto vigente del Código Penal un homicidio culposo con hechos de tránsito merece una pena de cuatro a 10 años de prisión. Con la propuesta de reforma será de 5 años 4 meses a 13 años 4 meses.
La propuesta de reforma plantea penas de 6 a 20 años de prisión cuando ocurran homicidios culposos en contra de dos o más personas si se trata, por ejemplo, de ciclistas que circulen en el carril confinado o en una ciclovía, según se establece en la modificación al artículo 141.
Si el culpable del hecho de tránsito es servidor público, se le impondrá la destitución e inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión por el mismo periodo al de la pena de prisión.
En la exposición de motivos, la jefa de gobierno destacó que durante 2019 y según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una persona muere al día en la CDMX en hechos de tránsito.
De los incidentes viales, registrados ese año (previo a la pandemia) los choques entre autos y con estructuras fijas representaron un 46.3 por ciento del total.
En segundo lugar se ubicaron las personas atropelladas, con un 28.8 por ciento; en tercer sitio los derrapes de motociclistas, con 20.5 por ciento; la caída de pasajeros en el transporte público un 1.7 por ciento y por último la caída de ciclistas, con 0.7 por ciento.
“Este incidente (la caída de ciclistas) si bien se encuentra en último lugar, no menos cierto es que los últimos años se ha incrementado, impactando directamente en la demanda social de endurecimiento de las penas y en la implementación de políticas para la promoción de la cultura del respeto al ciclista”, se lee en la exposición de motivos.
Además, se agrega que las personas usuarias de bicicleta, junto con las de motocicleta, tienen casi 12 veces más probabilidades de sufrir un hecho de tránsito comparado con quienes no usan la bicicleta, 26 veces más que quienes viajan en auto y 346 veces más que quienes usan el transporte público.
Se reconoce también una impunidad al momento de sancionar a culpables de hechos de tránsito, pues uno de tres vehículos involucrados se dan a la fuga, además de que un 80 por ciento de los vehículos eran conducidos a exceso de velocidad.
Mientras, en 30 carpetas de investigación iniciadas por hechos de tránsito, solo ocho llegaron a un juez de control y de esas carpetas judicializadas solo a dos se les impuso la prisión preventiva, mientras en los otros seis casos siguieron su proceso en libertad.
Así un 62 por ciento de las carpetas de investigación se quedaron en mesa de trámites sin ser llevadas ante un juez de control.
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