Posibles irregularidades administrativas se asoman en las cajas de previsión social de la policía preventiva, de la policía auxiliar y de trabajadores a lista de raya.
El manejo opaco y negligente de esas cajas afecta a por lo menos a 331 familias de policías que fallecieron y aún no pueden cobrar la pensión.
Por ello, los diputados del PAN Héctor Barrera, Federico Döring y Christian Damián Von Roehrich presentaron un punto de acuerdo en el Congreso local.
En el punto pidieron la intervención de la Contraloría capitalina y de la Auditoría Superior de la CDMX.
Los legisladores solicitaron a ambas dependencias llevar a cabo mesas de trabajo institucionales para analizar la operación y evaluación de las tres cajas de previsión.
ANTECEDENTE
En la tribuna del Congreso, Héctor Barrera recordó que durante la I Legislatura, concretamente el 23 de febrero de 2021, ya se había presentado un punto de acuerdo similar.
Aquella vez se pidió una investigación exhaustiva a la gestión de los recursos de las cajas de previsión social de la policía preventiva y de la policía auxiliar.
Los diputados del PAN también recordaron que al inicio de esta II Legislatura diversas Organizaciones de trabajadores activos, jubilados y pensionados del GobCDMX se acercaron al Congreso local.
OMISIÓN DE MORENA
Solicitaron la intervención del entonces presidente de la Mesa Directiva, el morenista Héctor Díaz Polanco.
Pidieron darle seguimiento al Punto de Acuerdo de febrero de 2021, sin que obtuvieran respuesta favorable a la petición expresada.
Hoy, al insistir en el tema, los panistas detallaron que al 8 de abril de 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana perdió a 331 elementos a causa de Covid.
A las familias de esos elementos que tienen derecho a pensión conforme a lo aportado por el trabajador a las Cajas de Previsión, se les ha negado acceder a este derecho.
AFECTADOS
Incluso existen casos con dos años sin recibir las prestaciones.
“Son diversas las situaciones que aquejan a las y los trabajadores, que bajo el contexto de la pandemia se agravó.
“Existen casos en los cuales se llevan dos años de retraso en los pagos de pensiones, aduciendo que no existen fondos para cubrir pensiones o jubilaciones”, detalló Héctor Barrera.
Agregó que a esas familias les han sido suspendido préstamos hipotecarios.
Además, bajo un Acuerdo administrativo se notificó a los trabajadores que para solicitar préstamos a los cuales tienen derecho deben entrar a un sorteo.
El problema es que la obligatoriedad de participar en un sorteo no está contemplado en ningún ordenamiento legal aplicable en la materia.
El punto de acuerdo que se presentó hoy en la sesión del Pleno se aprobó por unanimidad, incluso con el apoyo de Morena.
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