Ciudad de México.- Aunque las tareas llevadas a cabo como parte del Plan DN-III-E, como apoyo al combate contra la pandemia del Covid-19, corre a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –con sus médicos y hospitales-; el financiamiento, en realidad, corre a cargo del Instituto para el Bienestar (Insabi) y asciende a 4 mil 272 millones de pesos canalizados al Ejército para la activación del plan en casos de desastre.
Desde el pasado 24 de marzo, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, adelantaba la implementación del plan auxiliar ante emergencias sanitarias –o naturales- con apoyo en recursos humanos y materiales para atender los contagios de coronavirus; el mismo día, el Insabi firmaba un convenio con el que, a fin de cuentas, terminó financiando el apoyo militar.
Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Insabi, suscribió en el convenio que ante “la necesidad apremiante de incrementar la infraestructura hospitalaria y de terapia intensiva”, tras el avance de contagios “se requiere el apoyo de la Sedena para hacer frente a dicha contingencia”.
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Según el documento obtenido por el Sol de México, se pacta que dicho convenio se instrumenta para que la Sedena “apoye en la realización de las acciones orientadas a complementar las capacidades del Sistema Nacional de Salud para la atención de la emergencia de salud pública originada por la epidemia del Covid-19, a través de la aplicación del Plan DN-III-E en todo el territorio nacional, empeñando los recursos humanos y materiales de que dispone”.
Además, se establece que la Sedena queda autorizada a adquirir material médico, contratar a doctores y enfermeras –y comprometida a realizar contrataciones temporales-, así como a aumentar la capacidad en hospitales y planear el reparto de los insumos médicos a las distintas regiones consideradas focos rojos por el alto número de contagios.
La distribución de equipos e insumos médicos, así, se le delegó a la institución castrense a través de un sistema logístico y, conjuntamente al Insabi, determinaría y analizaría la ubicación e implementación de hospitales provisionales.
Se permite a la Sedena “llevar a cabo la activación, empleo y administración de las instalaciones hospitalarias, unidades operativas adaptadas y hospitales provisionales y aquellos pertenecientes al sector salud, por fases; así como en aquellos en la que la Sedena asuma la administración absoluta –las cuales serán devueltas al Insabi superando la emergencia-”, plasma el documento.
El lunes 4 de mayo, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, instó a dar inicio a la aplicación del Plan DN-III junto al Plan Marina de la Armada de México, a la vez que aseguró que “tenemos infraestructura, hay hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos, enfermeras suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud”.
Cresencio Sandoval, aquella ocasión, informaba que la institución que encabeza cuenta con 117 instalaciones en todo el país compuestas por hospitales de especialización, militares de zona y unidades médicas de consulta externa, además de confirmar tareas hasta entonces ya realizadas por el Ejército, "tenemos la seguridad de los almacenes del IMSS desde marzo, con 38 almacenes y empleando casi mil elementos; tenemos también medidas sanitarias en cinco aeropuertos”.
Remarcó, también, que la institución había realizado la contratación de 4 mil 225 profesionales de la salud, mismos que se sumarían al personal médico que ya componía el esquema militar para combatir la propagación e infección del virus.
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