A los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado los asesinaron Sicarios ligados al Cártel Arellano Felix (CAF).
Desde hace tiempo, habían alertado públicamente el riesgo en el que se encontraban.
Sin embargo, ni autoridades estatales o federalesse dedicarona protegerlos.
Sin embargo, tras sus muertes a manos del crimen organizado recibieron “atención prioritaria”.
Provenientes de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Autoridades del gobierno de López Obrador, se ha comprometido a esclarecer estos hechos.
Por primera vez en los tres años de gobierno, se va a crear un grupo de “alto perfil” para dar con los autores intelectuales y materiales de este crimen.
El poder político agrede a reporteros de Tijuana, también por la delincuencia infiltrada como “halcones”.
Con especial intensidad en cuanto se cubren hechos delictivos.
Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, podría ser considerado en las líneas de investigación, tanto de la fiscalía general como del grupo de inteligencia federal.
Debido al litigio laboral entre su empresa y la periodista, aunque Bonilla Valdez sostiene su inocencia, “tener la mente y conciencia tranquilas”.
El exgobernador asegura que durante sus dos años de gobierno le brindó protección personal las 24 horas a Lourdes Maldonado.
Sin embargo, esta acción no se repitió durante esta administración de Del Pilar Ávila.
Bonilla Valdez dijó que Lourdes Maldonado “buscaba los reflectores”.
Según el ex gobernador la periodista fue utilizada como parte de una estrategia para golpearlo políticamente.
Asimismo, aseguró que el fallecimiento de la periodista es “daño colateral” una campaña organizada por “poderes fácticos” de Baja California.
Entre estos poderes fácticos, Bonilla Valdez destaca a Jorge Hank Rhon, empresario y ex alcalde tijuanense.
Antes de ser asesinado al fotoperiodista le habían encargado cubrir «un 5 bravo”.
Sicarios CAF asesinaron a Martínez y Maldonado
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Lourdes Maldonado preparaba una investigación por probables actos de corrupción del anterior gobierno estatal.
También buscó una estrategia a seguir tras la victoria en el juicio laboral de nueve años contra el exgobernador Bonilla Valdez, su empresa Media Sports de México (PSN) debía pagarle un millón 296 mil 362 pesos.
Personas cercanas a Martínez Esquivel dijeron que el trámite burocrático a inscribirse de inmediato en alguno de los mecanismos de protección a periodistas resultó algo tedioso para él.
El “facebookero” Ángel Peña, responsabilizó a Martínez Esquivel de manejar las páginas “Tijuana en Guerra” y “Quemando Malandros”.
Estas páginas revelaban en redes sociales imágenes de las actividades de narcotraficantes y delincuentes.
Lourdes sin escolta personal ni vigilancia policiaca permanente del gobierno estatal, contaba con el “botón de pánico” en su casa.
Ella estaba desde el 2021 en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de Baja California.
Resultó un fracaso porque el 23 de enero le dispararon un tiro a bocajarro y recogieron el casquillo para evitar que el arma fuera rastreada.
Seis días antes había sucedido de la misma manera con Margarito.
También incluyen los problemas personales este tipo de investigaciones.
Martínez Esquivel por un lado tenía conflictos con vecinos de una familia de galleros sinaloenses a los que acusaba de despojarlo de parte de su terreno.
Lourdes Maldonado por su parte vivía una disputa sobre la posesión de su casa.
El homicidio de los dos comunicadores, más allá del móvil, trastocó la libertad de expresión y reveló la ineficacia de los mecanismos de protección a periodistas no sólo en Tijuana, sino en todo el país.
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