La oportunidad

Ciudad de México.- ¿Enrique Peña Nieto querrá reforzar uno de sus flancos más débiles? Las reformas a la Ley General de Víctimas le ofrece una oportunidad que debería tomar. Los damnificados de la violencia política y criminal lo precisan. 

Alicia de los Ríos Merino es hija de guerrilleros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Su papá, Enrique Pérez Mora, murió en junio de 1976 enfrentándose a la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Su mamá, también llamada Alicia de los Ríos Merino,  fue detenida y desaparecida por la DFS en 1978. Su familia la ha buscado sin éxito durante 38 años.

Fernando Ocegueda Flores preside la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, que tiene una relación de 280 desaparecidos entre 2006 y 2016. Por sus esfuerzos se localizó el predio de La Gallera, donde Santiago Meza, el “Pozolero”, iba vaciando la “emulsión orgánica” dejada por los centenares de ejecutados que disolvió en sosa cáustica.

Alicia y Fernando tienen gran experiencia en el trato con las instituciones. Con sus vivencias se haría una antropología de la indiferencia: a) el funcionario común y corriente trata a las víctimas con desdén y distancia e intenta minimizar los hechos (eso cambia cuando los afectados se organizan); b) la burocratización se hace presente tras frases clásicas (“pues fíjese señito que no se puede”) o el intento por responsabilizar a otras dependencias (“pasarse la bolita”), y c) siempre hay funcionarios sensibles que encubren con sonrisas un “sistema” incompetente.

El Estado ha sido generosísimo en discursos, leyes y reglamentos, burocracias y presupuestos pero no ha resuelto las necesidades de las víctimas que engrosan estadísticas imprecisas o inexistentes. Para la mayoría de organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, el Estado mexicano ha sido omiso y en algunos casos responsable de las tragedias humanitarias creadas por la Guerra Sucia y la Guerra del Narco. Hace días Peña Nieto aceptó que “tenemos que revisar el modelo que tenemos”. Las reformas a la Ley General de Víctimas le permitirán a él y al Legislativo frenar y tal vez revertir el colapso. Con eso en mente enuncio algunas recomendaciones. 

Reconocer la pluralidad. Es necesario que el Presidente y su equipo tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores y no sólo de quienes le aplauden y festejan. El 13 de abril más de 100 organizaciones presentaron una iniciativa de reforma suscrita por el Presidente y el vicepresidente del Senado y por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ese mismo órgano. El texto incluye una lectura garantista del tema que debería aplicarse en todo el país; hay que erradicar los archipiélagos de impunidad creados por gobernadores y presidentes municipales. 

Extirpar el “cuotismo” y el “cuatismo”. Una de las perversiones de la transición ha sido el nombramiento de incompetentes o farsantes para buena parte de los organismos públicos encargados de tutelar los derechos humanos. Los resultados han sido un desastre. Tenemos que sustituir a los simuladores con personas comprometidas y experimentadas.  

Inclusión. La sociedad organizada tiene que participar de manera ordenada en todas las etapas sin que ello signifique meterla en la operación de los programas. 

Empatía. Estaría finalmente la necesidad de entender a las víctimas. Es desafortunada, por decir lo menos, la distancia emocional que pone el funcionario ante quienes sufren. Es tanto el desamparo que a últimas fechas se avientan a los pies del Secretario de Gobernación para buscar atención. A las víctimas hay que atenderlas y escucharlas. Tomo como ejemplo los memoriales. Para la profesora Alexandra Delano de The New School un Memorial debe ser un espacio creado por los dolientes para acompañar su duelo y reconstruir su futuro. Un buen ejemplo es el proyecto de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California y la Universidad Autónoma de Baja California que están creando un Memorial en la casa donde hacia su tarea el “Pozolero”. 

En síntesis, la nueva Ley General de Víctimas debe garantizar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación integral. Pónganse serios y reconozcan la enorme deuda que tiene el Estado con las víctimas. No desaprovechen esta oportunidad. 

Comentarios: www.sergioaguayo.org

Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer.

 

Síguenos en Google News

¡Suscríbete!
Obtén los beneficios especiales que tenemos para ti.