Ciudad de México.- Luego de tres días de audiencias públicas sobre el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), han prevalecido dos posiciones totalmente antagónicas entre sí, que delinearán el debate de los siguientes cinco meses en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) sobre el modelo de Ciudad.
Por un lado está la postura de las autoridades capitalinas y de diputados del PRD, PAN y PVEM, quienes plantean la necesidad de aprobar el proyecto del PGDU enviado por el Jefe de Gobierno a la ALDF en noviembre pasado, con ajustes y replanteamiento que respondan a las exigencias e inquietudes vecinales.
Por otra parte están los vecinos, representantes de pueblos y barrios originarios, integrantes de comités vecinales y de organizaciones ciudadanas, a quienes se les señala de vínculos con el partido Morena, que demandan el desechamiento total del proyecto de PGDU que está a debate en el órgano legislativo.
Ha habido pocos planteamientos intermedios en este proceso de consulta que organizó la ALDF, donde la mayoría de las intervenciones de los ciudadanos se han orientado al reclamo e incluso a la solicitud de gestiones para atender problemas inmediatos de alguna comunidad.
De parte de autoridades y legisladores los argumentos se orientan a señalar que es necesario reformar el marco normativo en materia de desarrollo urbano, pues el que existe data del año 2003 y surgió para darle fundamento jurídico a un anacrónico bando 2 que impuso en aquella época el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Por el lado de los vecinos, los discursos coincidieron en acusar que el proyecto de PGDU pone en remate a la Ciudad de México frente a los desarrolladores inmobiliarios, generará la devastación de las zonas de conservación ecológica y las áreas de valor ambiental frente a la depredación de constructores, y aumentará el caos ambiental, de movilidad, así como el desabasto de agua.
Dijeron que todos los instrumentos diseñados como los sistemas de actuación por cooperación, la transferencia de potencialidades o las áreas con potencial de desarrollo están orientadas a la entrega de la Ciudad en beneficio de los privados.
Presente en este sesión de audiencias, Patricia Mercado,, secretaria de Gobierno de la Ciudad, reconoció que hay una disputa entre dos visiones de desarrollo urbano y de necesidad de vivienda, pues hay quienes piden una moratoria inmobiliaria, que implica detener todos las construcciones hasta que entre en vigor la Constitución de la Ciudad y el nuevo marco normativo en la materia.
Otra opción, dijo, es votar el proyecto de PGDU que está a debate, lo que generó un rotundo no y algunos abucheos de vecinos presentes en el auditorio de la ALDF.
La funcionaria continuó su discurso. Dijo que es necesario construir más vivienda en la Ciudad, pues cada vez hay más gente que se va a vivir a zonas más alejadas de la urbe, además de que se hace más robusta una población joven que en el mediano plazo demandará un lugar donde vivir.
"Hay quien dice 'que se vayan, ya no cabemos', pero entre eso y el crecimiento desbordado hay que construir políticas para que no se vaya quien no quiere irse. Por eso tenemos que lograr más financiamiento para comprar suelo", dijo Mercado, al asegurar que el PGDU está sustentado en principios de igualdad, no discriminación y no exclusión, aunque quizás estos fueron mal planteados en el documento.
En su momento, el diputado del PVEM, Xavier López Adame dijo que es necesaria una nueva Ley de Desarrollo Urbano, así como replantear los distintos instrumentos normativos que hay en la materia.. Se comprometió a legislar para que haya un adecuado manejo de las áreas de valor ambiental y evitar la tala impune de árboles.
Dijo también que se requieren medidas de mitigación por parte de los desarrolladores inmobiliarios y asegurar que dichas medidas se apliquen en las zonas donde las construcciones tienen impacto directo, además de que se requiere una inversión mayúscula en la red hidráulica para la reparación de fugas, así como limitar los desarrollos inmobiliarios pero no detenerlos por completo.
Coincidió con la diputada del PRD, Irma Pirín, en el sentido de que se requiere financiamiento para la construcción de vivienda social, pero ambos fueron increpados por los vecinos presentes cuando hicieron mención de ese tema.
Luego de que el miércoles fue duramente criticado, el vicecoordinador del PRD en la ALDF, Raúl Flores, pudo tomar lapalabra para argumentar que hoy nadie, incluidos los vecinos, pretende continuar con las políticas del bando 2 que tienen al desarrollo urbano en la situación de desorden actual. Aseguró que el bando 2 goza de cabal salud, pues quedó inserto en los instrumentos normativos aplicables
Su planteamiento fue refutado por una vecina, quien dijo que el bando 2, como estaba inicialmente planteado atendía y buscaba resolver muchos de los problemas que hoy son motivo de queja.
La diputada del PAN, Margarita Martínez Fisher habló en un sentido similar a Flores. Expuso que nadie ha dicho que se dejen las cosas como están. "Podemos seguir con el bando 2 que se consolidó con el PGDU de 2003 o generamos un nuevo documento" , dijo.
Agregó que como panista no renunciará a la facultad de legislar en materia de desarrollo urbano. "No nos cruzaremos de brazos para que todo siga igual", subrayó.
Al igual que Raúl Flores pidió a los partidos que saquen las manos de los pueblos y barrios originarios, pue nadie puede apropiarse de esa voz. " No vamos a permitir que esta discusión esté secuestrada por intereses políticos. No habrá albazos", concluyó.
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