Ciudad de México.-En esta primera Legislatura del Congreso capitalino el común denominador de su área administrativa ha sido el desorden y hasta la entrega de pagos ilegales a empresas. Así quedó de manifiesto en un informe que presentó hoy el Oficial Mayor del órgano legislativo, Reynaldo Baños Lozada, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien reveló la existencia de una investigación administrativa y penal por la asignación irregular de un contrato para el abasto de tóner y que involucra un millón 370 mil pesos del presupuesto público.
A menos de 15 días de haber ocupado el cargo, el funcionario presentó un diagnóstico sobre la situación de la Oficialía Mayor que, en lo que va de esta Legislatura ha tenido ya tres titulares de oficina: Javier González Garza, Alfonso Vega y ahora Baños Lozada.
En el encuentro de hoy con la Jucopo, Reynaldo Baños explicó que el pago por el tóner se le hizo a una empresa de nombre Tecnologías de la Información Grupo 85 SA de CV, a pesar de que no fue esa firma a la que se le adjudicó el contrato para proveer el insumo, sino a una persona física de nombre Flor de María Adame Vives.
Dijo que si bien la compañía Grupo 85 participó en el concurso que se abrió para la adjudicación del contrato, el expediente y el proceso de asignación del mismo tuvieron muchas deficiencias, como que el expediente no está bien integrado y no aparecen firmas en las investigaciones de mercado.
"Las personas que estaban compitiendo no salieron seleccionadas y de repente me encuentro con la empresa de una señora de nombre Flor de María y es la que gana la adjudicación directa, entrega el tóner y la entrega la hace con bastante deficiencia porque en los almacenes no se consideraba que ella lo debía de entregar", detalló el oficial mayor del Congreso local.
Aún así, se le hizo el pago a Grupo 85, al que después se le requirió que devolviera el millón y 370 mil pesos que se le depositaron, pero la empresa se negó a regresar el recurso y de forma unilateral quiso entregar la cantidad en abonos, pero en el Congreso las autoridades administrativas le dijeron que no.
Baños Lozada dijo que ante la negativa de Grupo 85 se implementaron acciones legales contra la firma, además de que su representante tiene una denuncia penal.
Los diputados no le preguntaron, aunque el funcionario tampoco lo dijo, si el pago ilegal a esa compañía repercutirá o ha derivado en sanciones para los ex funcionarios de la Oficialía Mayor que estuvieron en el cargo antes que él y que habrían autorizado el pago ilegal a Grupo 85.
Sólo mencionó que la denuncia de hechos se encuentra radicada en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, con número de carpeta CI-FICOH-CUH-6/UI-3S/D/00001/05-2020.
Pero también explicó que la asignación del contrato a Flor de María Adame Vives no estuvo exenta de irregularidades, pues el contrato se realizó prácticamente cuando se hizo la adjudicación, de prisa, además de que a esta persona física se le dio de alta en tan solo tres días como proveedoras y el convenio con ella se hizo bajo el concepto de "gastos por comprobar".
En el caso de esa persona física, el oficial mayor habló de que propondrá a la Contraloría interna del Congreso investigue el contrato a esa proveedora.
EL DESORDEN
Entre el desorden administrativo imperante que describió el oficial mayor, está el hecho de que la Dirección de Adquisiciones se encuentra sin director desde el pasado 1 de febrero; hay falta de comunicación entre subdirecciones y jefaturas de departamento; los padrones de proveedores no están actualizados en algunos casos desde 2018; además de que hay imperfecciones en la integración de expedientes de Adjudicaciones.
El programa anual de adquisiciones 2019 no presentó una programación calendarizada, ni las modalidades óptimas para ejercer las adquisiciones, lo cual provoca que éstas se generen en algunos casos urgentes y con irregularidades.
También hay deficiencias en el registro de facturas para su pago oportuno y se encuentra pendiente el pago de la factura a la empresa "Sí Vale" por el obsequio del Día Internacional de la Mujer, por 136 mil pesos, correspondiente a marzo del 2020.
Explicó que en el caso de la Dirección General de Servicios, se incluyó el inventario físico del año 2019, lo cual ha provocado un rezago y que no se tenga la certeza sobre los bienes del Congreso de la Ciudad. Además, no existe conciliación de bienes entre las áreas de Contabilidad y Servicios Generales.
Los registros y controles en el Almacén no son adecuados y no se tiene la certidumbre de que dichos trámites administrativos sean oportunos para el pago de facturas en el ejercicio que corresponda.
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