Los ministros hicieron la tarea, le toca a los legisladores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo lo que no se han atrevido en el poder legislativo: le puso un dique a la posibilidad de que una mujer termine en prisión por abortar.
Por unanimidad, 10 ministros –uno de ellos se tuvo que ausentar—declararon inconstitucional el artículo 139 del Código Penal del Estado de Coahuila que imponía una pena de tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto. Los ministros y ministras señalaron que la criminalización absoluta contraviene el texto constitucional.
Hay que subrayar el carácter unánime de la determinación, lo que da cuenta de un plano más acorde con los cambios en el mundo y en la propia ley. Es decir, desde los más diversos puntos de vista y orígenes, los magistrados coincidieron en alejar las posiciones morales para asumir, con toda la fuerza de la Corte, las necesidad del derecho y desde un punto de vista progresista.
El criterio aprobado por el Pleno del máximo tribunal, es de obligatoria observancia para todos los jueces del país.
Es un paso enorme, por su puesto, y coloca a nuestro país en la vanguardia, pero falta que en los códigos penales se cancele la prohibición.
En el hechos, habrá leyes prohibicionistas, pero del todo inaplicables en lo que respecta a la suspensión del embrazo en los límites previstos por la propia legalidad.
Los ministros hicieron la tarea, le toca a los legisladores
Le tocará a los partidos políticos el ajustar la legislación en los diversos códigos penales, aunque será un camino todavía difícil porque no quieren contrariar a las iglesias y porque consideran que tiene pocos dividendos electorales.
Y no les falta razón. El Financiero publicó una encuesta que señala que el 52 por ciento de los entrevistados se dijeron contrarios a despenalizar el aborto, frente a un 45 por ciento que se manifestaron favorables a la medida.
El próximo año habrá elecciones, por lo que es difícil que se ocupen del tema, aunque debieran hacerlo, por lógica jurídica y realismo. Veremos que ocurre, pero es muy probable que prefieran la omisión a ser señalados y atacados por poderes fácticos y eventuales votantes.
Es un tema complejo, sin duda, y es de esos en los que se advierte la utilidad de la política con un sentido laico, que no invada las convicciones personales, pero que al mismo tiempo proteja y amplíe derechos.
Hay que partir, al mismo tiempo, de que nadie quiere abortar, que se trata de una medida triste para quien la practica y que tiene implicaciones profundas.
