Acusan arquitectos vicios de procedimiento en el Plan General de Desarrollo y el PGOT. Advierten de amparos

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Arquitectos y urbanistas criticaron el procedimiento seguido por el gobierno de Claudia Sheinbaum para poner a consulta y aprobar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Acusaron vicios de legalidad en ese procedimiento, lo cual pueden generar una ola de amparos contra la consulta y contra normas generales de ordenamiento urbano que no van a tener una solidez jurídica clara.

AMPAROS

Esos vicios, agregaron los arquitectos, puede hacer que un desarrollador inmobiliario, grupos de interés o lotificadores en asentamientos irregulares recurran al amparo para lograr edificaciones ilegales.

Para estos especialistas, ese escenario acentuará los estragos que deja no uno sino “los cárteles inmobiliarios” en esta Ciudad.

Al no respetarse los procesos, pueblos y barrios originarios de la CDMX podrían ampararse contra la consulta indígena que organiza el Instituto de Planeación capitalino, advirtió Armando Rosales, representante de la Asociación Mexicana de Urbanistas en la Ciudad.

Calificó como una ficción el proceso de consulta actual, tanto del Plan como del Programa, pues no queda claro ni se ha garantizado la incorporación de los comentarios de la ciudadanía.

PRONUNCIAMIENTO

Este mediodía los directivos de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), del Colegio de Arquitectos de la Ciudad y de la Academia Nacional de Arquitectura, emitieron un pronunciamiento respecto al Plan General y al PGOT.

En la sede del Colegio de Arquitectos estuvieron Juan Kaye López, presidente del Consejo Directivo de la AMU y Honorato Carrasco, presidente del Colegio y de la Sociedad de Arquitectos de México, quien se conectó vía Zoom.

También estuvieron Francisco Reygadas, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura y Armando Rosales García, representante estatal de la AMU.

LEY DE ORDENAMIENTO

Ahí fustigaron que no se ha seguido el principio rector de jerarquía jurídica para la elaboración, consulta y aprobación del Plan y del Programa.

De entrada, el Congreso capitalino incurrió desde hace dos años en una omisión, pues no ha aprobado la Ley de Ordenamiento Territorial, a pesar de que así lo obliga el artículo sexto transitorio de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo.

La omisión no es menor porque esa es una ley secundaria de la Constitución capitalina y regulará tanto el contenido como el alcance del Plan General y del PGOT.

Así, se han puesto a consulta documentos estratégicos de desarrollo urbano sin que exista esa ley.

Esto “generará amparos para reclamar el derecho humano a la Ciudad y la invalidez jurídica del procedimiento de consulta y aprobación de los instrumentos del Sistema de Planeación”, acusaron los especialistas.

Agregaron que al no contar con esa ley, no existe tampoco una regulación expresa de las Normas Generales de Ordenación Territorial (NGOT) respecto de su carácter, alcance y procedimiento de formulación, revisión y actualización.

Por ello consideraron que las NGOT no deben formar parte del PGOT, ya que esas normas son instrumentos para el cumplimiento y ejecución de los programas que puede expedir el poder Ejecutivo.

El problema es que en el Congreso de la Ciudad no existe al momento ninguna iniciativa para crear la Ley de Ordenamiento Territorial.

Juan Kaye López, presidente del Consejo Directivo de la AMU, anunció que harán llegar un exhorto específico al Congreso local para que se apruebe esa ley, antes de realizarse la consulta y aprobación del Plan y el Programa.

PRIMERO EL PLAN

Los arquitectos detallaron que de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución capitalina, el PGOT se sujetará al Plan General de Desarrollo.

Es decir, primero debió existir el Plan y luego el Programa, al haber una subordinación jurídica de uno a otro entre esos instrumentos.

Pero lo que hizo el gobierno de Sheinbaum a través del Instituto de Planeación fue poner a consulta de manera simultánea ambos documentos.

Para los arquitectos, esto puede vulnerar la congruencia entre ambos instrumentos y la validez jurídica del procedimiento mismo.

Esto, alertaron, podría generar problemas a futuro para los habitantes de la Ciudad en caso de judicializarse ambos documentos.

“En ningún caso el Instituto de Planeación puede sustituir las funciones legislativas del Congreso al proponer y desarrollar disposiciones que debieran estar en una legislación aún inexistente”, fustigaron.

RECOMENDACIONES

Al emitir el pronunciamiento, los arquitectos hicieron una serie de recomendaciones.

Plantearon la urgencia de crear la Ley de Ordenamiento Territorial y abrogar la Ley de Desarrollo Urbano.

Pidieron que el proceso de consulta se dé por concluido hasta que se expida esa ley.

Advirtieron sobre la necesidad de aprobar primero el Plan General de Desarrollo y luego el PGOT.

Señalaron que las NGOT  deben ser expedidas por la jefa de gobierno, ya sea a través de un reglamento o un decreto.

LAGUNAS

Los arquitectos añadieron críticas a ambos instrumentos por ausencias normativas dentro de los mismos.

Juan Kaye acusó que el Plan y el Programa carecen de una visión metropolitana y no hacen ni una referencia al tema de riesgos.

Advirtió que el ordenamiento urbano no se resuelve con regularización.

Citó al ex titular de la Seduvi Roberto Eibenschutz al advertir que la regularización solo conlleva más irregularidad.

Francisco Reygadas calificó el pronunciamiento que hicieron como un documento de protesta.

Pero agregó que con esto no buscan pelear sino ordenar.

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