Procurador Fiscal presenta denuncias sin atribuciones.
Luego de que Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, acudiera a las autoridades para iniciar procedimientos por lavado de dinero contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el empresario Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, se dio a conocer que el funcionario no tiene atribuciones para hacer este tipo de denuncias.
El pasado 17 de enero y de acuerdo con el oficio 529-I-001/21, Romero Aranda señaló a Álvarez Puga y Gómez Mont por este delito.
A pesar que el Código Fiscal de la Federación no lo tiene previsto.
Además la atribución para denunciar operaciones con recursos de procedencia ilícita, corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El conducto para realizar una denuncia por lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se realiza a través de la UIF tal como se establece en el Reglamento Interno de la dependencia.
La querella contra Álvarez Puga y Gómez Mont se interpuso con el apoyo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Sin atribuciones, Procurador Fiscal presenta denuncias
Al igual que la anterior, ingresada en agosto, no se contó con intervención de la UIF y no se brindó previo aviso.
Asimismo, Romero Aranda firmó en suplencia del secretario y subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
También del subsecretario de Ingresos, del subsecretario de Egresos y del Oficial Mayor, tras señalar que no se presentaron a laborar.
Por lo anterior y de acuerdo con expertos en el ramo penal, existe la posibilidad de que un amparo detenga la orden para aprehender contra Álvarez Puga, Gómez Mont y el grupo de 31 científicos del Conacyt.
Al tomar en consideración que la Fiscalía General de la República (FGR) no se contactó con personal de la UIF para perfeccionar las denuncias.
Asimismo, añadieron que el actuar de Romero Aranda y Gertz Manero resulta violatorio de la normatividad interna que rige a la SHCP y diversos compromisos internacionales asumidos por el país.
Entre ellos, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que otorga facultades exclusivas en materia de lavado de dinero a la UIF.
Álvarez Puga, Gómez Mont son buscados por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, contemplado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Así se observa en la causa penal 314/2021, bajo análisis del juez Iván Aarón Zeferín Hernández.
Mientras que los miembros del Foro Consultivo del Conacyt, son acusados por recibir más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades.
En este mismo esquema de denuncia, por lo que se pide sean indagados por el mismo delito, así como por delincuencia organizada.