Los operativos de inspección implementados por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad volvieron a colocarse en el centro del debate en Nuevo León, luego de que la suspensión de la Ruta 322 provocara protestas de usuarios y nuevas críticas de transportistas hacia la estrategia de supervisión aplicada por el Gobierno estatal.
La empresa que opera la ruta denunció que inspectores del organismo realizaron revisiones a sus unidades, levantaron infracciones y retiraron de circulación dos camiones, situación que derivó en la interrupción del servicio en una de las líneas que comunica diversas colonias de San Nicolás con el centro de Monterrey.
Los concesionarios sostienen que las inspecciones forman parte de una presión para incorporarse al esquema de las nuevas unidades conocidas como «camiones verdes», propuesta que la empresa ha rechazado al considerar que implicaría modificar su modelo de operación.
«Nos revisan constantemente y cualquier detalle termina en multa o en sacar un camión de circulación. Sentimos que buscan obligarnos a entrar a un esquema que la empresa no ha aceptado», señaló uno de los operadores, quien pidió mantener en reserva su identidad.
La suspensión de la Ruta 322 generó afectaciones para miles de pasajeros y motivó una manifestación en las inmediaciones de la base de la empresa. Los usuarios exigieron la reanudación del servicio y advirtieron que la ruta continúa siendo una alternativa indispensable por sus horarios de operación y porque aún permite el pago en efectivo.
«Nos dicen que hay otras opciones, pero ninguna pasa a la hora que necesitamos. Mucha gente entra a trabajar antes de las seis de la mañana y esta ruta nos resolvía el traslado. No queremos que desaparezca por un conflicto entre autoridades y concesionarios», afirmó Mirna González, vecina de la colonia Jardines del Mezquital.
Ante la suspensión, el Instituto de Movilidad informó que desplegaría unidades del sistema estatal para atender temporalmente la demanda, mientras continúan las gestiones para restablecer el servicio.
El caso de la Ruta 322 se suma a los cuestionamientos que distintos sectores han expresado en los últimos meses respecto al incremento de inspecciones y procedimientos administrativos impulsados por la administración del gobernador Samuel García.
Representantes empresariales han advertido que dependencias estatales, particularmente en los ámbitos de movilidad y medio ambiente, han intensificado los operativos de supervisión, lo que consideran una política de mayor presión regulatoria sobre empresas y concesionarios.
En ese contexto, la suspensión de la Ruta 322 reavivó el debate sobre los alcances de estas acciones y el equilibrio entre la vigilancia del cumplimiento normativo y la continuidad de servicios públicos esenciales para la población.
Al cierre de esta edición, la ruta permanecía sin reanudar operaciones de manera regular, mientras autoridades estatales y representantes de la empresa mantenían conversaciones para resolver el conflicto.
