A unos días de que se conozca el fallo de la contratación consolidada de vehículos para el Gobierno federal, fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señalan que el procedimiento estaría sujeto a una operación de cabildeo que buscaría llevar la licitación a una declaratoria de desierto.
El fallo de la licitación pública nacional electrónica LA-06-400-006400001-N-11-2026 está programado para el 31 de julio. El proceso contempla el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 unidades, agrupadas en 30 partidas, durante un plazo de 48 meses y con recursos de los ejercicios fiscales comprendidos entre 2026 y 2030.
Según las versiones recabadas dentro de la dependencia, las presiones se concentrarían en el equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, responsable de una de las áreas involucradas en esta etapa del procedimiento.
Las fuentes atribuyen las gestiones a Jorge Trejo Bermúdez, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF) de Hacienda, quien presuntamente buscaría que la licitación se declarara desierta. Para ello, señalaron, tendría el respaldo de funcionarios que permanecen en la SHCP desde la administración de la ex oficial Mayor Thalía Lagunas.
Otro de los señalamientos se concentra en el desarrollo de la evaluación. De acuerdo con fuentes consultadas, participantes como Casanova Vallejo e Impulsa tu Ganancia, esta última en conjunto con Arrendo Serv, habrían logrado retrasar tanto el inicio de la revisión de las ofertas económicas como la publicación del acta correspondiente.
El alcance del procedimiento comprende a más de 90 dependencias y entidades federales. Entre las instituciones consideradas se encuentran Pemex, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Banco del Bienestar y la Comisión Nacional del Agua.
Una eventual declaratoria de desierto, según las fuentes, abriría la necesidad de replantear la contratación y retrasaría la disponibilidad de la flotilla requerida por las instituciones participantes. Las unidades están destinadas, entre otras funciones, a actividades operativas en campo y a la prestación de servicios públicos.
Ante los señalamientos alrededor del concurso, funcionarios consultados indicaron que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, da seguimiento al procedimiento previo al fallo que definirá el resultado de una de las principales contrataciones consolidadas del Gobierno federal en 2026.
