Las redes sociales sí representan un problema. Negarlo sería tan irresponsable como pretender prohibirlas.
Hoy son el espacio donde se recluta a menores para el crimen organizado, circula pornografía infantil, proliferan las estafas, la extorsión y el comercio ilegal. También han contribuido al aumento de trastornos alimenticios, problemas de salud mental y adicciones entre niños y adolescentes. En México, incluso, los cárteles las utilizan para captar jóvenes que terminan engrosando la lista de desaparecidos.
Pensar que internet puede seguir siendo un territorio sin reglas ya no parece una opción.
El problema comienza cuando la solución queda en manos del poder político.
El gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena ha planteado abrir el debate para regular las redes sociales y la inteligencia artificial. El argumento parte de una preocupación legítima: proteger a los menores y reducir los riesgos que hoy existen en las plataformas digitales.
Hasta ahí, pocos podrían estar en desacuerdo. La pregunta realmente importante es otra.
¿Quién decidirá dónde termina la protección y dónde comienza la censura?
Ese no es un debate técnico, sino democrático.
Morena conoce mejor que nadie el poder de las redes sociales. Andrés Manuel López Obrador las llamó “las benditas redes sociales” porque fueron una herramienta decisiva para construir el movimiento que lo llevó a la Presidencia. Años después, cuando esas mismas plataformas se convirtieron en el principal espacio de crítica hacia su gobierno, dejaron de parecer tan benditas.
Hoy la conversación pública ocurre ahí y también el escrutinio del poder.
Por eso cualquier intento de regulación despierta sospechas. No son sospechas gratuitas.
En San Luis Potosí ya existe un antecedente que obliga a la prudencia. La legislación impulsada por el gobierno de Ricardo Gallardo, que es aliado de Morena, para regular el uso de la inteligencia artificial derivó en procesos penales y hoy enfrenta un análisis en la Suprema Corte por sus posibles implicaciones sobre la libertad de expresión.
Ese caso demuestra que una buena intención puede convertirse en un mal precedente.
México necesita reglas para proteger a los menores, obligar a las plataformas a asumir responsabilidades y combatir los delitos que diariamente se cometen en el entorno digital.
Lo que no necesita es construir un modelo donde el gobierno termine decidiendo qué puede permanecer en la conversación pública y qué debe desaparecer.
El filósofo Michel Foucault sostenía que el poder moderno no se ejerce únicamente mediante la fuerza, sino también administrando los discursos. Esa advertencia sigue vigente. Regular para proteger es una obligación del Estado; regular para decidir qué voces permanecen y cuáles desaparecen sería cruzar una frontera que ninguna democracia debería normalizar.
Nocaut.
Hay otro riesgo del que poco se habla. Que Morena termine confundiendo un problema de comunicación política con un problema de redes sociales.
Las plataformas no inventan el descontento. Lo amplifican.
Si un gobierno como el de Clara Brugada cree que las críticas existen porque hay redes sociales, y no porque existen ciudadanos inconformes, Morena terminará buscando regular la conversación en lugar de corregir sus errores.
Ninguna ley sustituye a un buen gobierno y ningún algoritmo carga con la responsabilidad de una mala comunicación política.
Y es que cuando el poder empieza a creer que el problema son las voces y no los resultados, deja de escuchar a la sociedad… y comienza a escucharse únicamente a sí mismo.
