Ciudad de México.- Pasada la tensión que dejó la gresca entre diputados del Morena y el PVEM, la Asamblea Constituyente recuperó su ritmo parsimonioso que le ha caracterizado. Hoy, las comisiones legislativas continuaron con la discusión de los artículos que les corresponde dictaminar, mientras que algunos sectores y ciudadanos tuvieron la oportunidad de explicar ante diputados el contenido de sus propuestas de adición al proyecto de Constitución.
Fue el primer evento del día, a las 10:00 horas, y se realizó en la Plaza Tolsá, justo frente al Museo Nacional de Arte. Ahí llegaron cientos de elementos del Cuerpo de Bomberos, pero el motivo no fue un incendio y una contingencia que requiriera su presencia.
Convocados por sus dirigentes y líderes gremiales, los vulcanos ocuparon toda la zona oriente de la Plaza y hasta una parte del arroyo vehicular sobre la calle de Tacuba. Fueron a escuchar los discursos de políticos y de sus jefes en un foro que se denominó “Por la Creación de una Secretaría de Bomberos y Emergencias”.
El diputado independiente Ismael Figueroa, líder sindical de los bomberos, ha sido el principal impulsor de esa iniciativa, por la que busca que en la próxima Constitución de la CDMX se incluya la creación de esa nueva dependencia.
En su discurso, Figueroa les dijo a sus agremiados que son los mejores bomberos del mundo, pero aun así es necesaria la profesionalización y la capacitación.
“Es tiempo de que los bomberos reclamen su lugar porque somos más antiguos que el Ejército y la Fuerza Aérea. Son 129 años cubriendo emergencias”, les dijo el constituyente, quien se comprometió ante los vulcanos que buscará los 67 votos necesarios para que prospere la creación de esa Secretaría.
Recordó que el Cuerpo de Bomberos es una Dirección General, un organismo público descentralizado con 700 millones de pesos de presupuesto anual, pero dijo que no alcanza, por lo cual es necesario evolucionar a un organismo más grande que, incluso, arrope a los paramédicos y rescatistas.
“Todavía falta pelearnos en las comisiones, pelearnos en el Pleno. Necesitamos 67 votos, los mismos que vamos a luchar y vamos a conseguir; si nos lo rechazan no se lo niegan a los bomberos, se lo niegan a la ciudad, porque a estas horas seguramente en la Ciudad de México hay cerca de 20 millones de personas”, dijo Figueroa.
Entre electricistas, transportistas y un luchador
Los bomberos no fueron los únicos que llegaron a la Plaza Tolsá. Al mediodía integrantes del Sindicato Mexicano de Electricista (SME) ocuparon la carpa que la Asamblea Constituyente mandó instalar en la parte oriente de la plaza desarrollar audiencias públicas.
Junto con los electricistas estuvieron transportistas y el presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, el enmascarado “El Fantasma”. Arropados por los constituyentes del PRD, Juan Ayala y Roberto López, los proponentes tuvieron la oportunidad de ser escuchados por el presidente de la Mesa Directiva de esta Asamblea.
Los del SME fueron a la Asamblea Constituyente porque quieren que el acceso a la energía eléctrica y al suministro de luz sean considerados un derecho fundamental, lo que a decir del dirigente de ese gremio, Martín Esparza, garantizaría el acceso de este servicio a todos los habitantes de la capital del país con tarifas más bajas.
Esparza acusó que los precios del suministro de energía eléctrica en el Valle de México no han bajado, como en su momento se aseguró cuando desapareció Luz y Fuerza del Centro. Dijo las tarifas eléctricas se han incrementado en más de 250 por ciento.
El luchador “El Fantasma” detalló el contenido de una propuesta que en días anteriores presentó en la Oficialía de Partes de la Asamblea Constituyente y cuyo primer planteamiento es reconocer la figura del profesional de la lucha libre como un trabajador no asalariado, que le permita mejorar
Dijo que si se les contempla como trabajadores no asalariados será posible para ellos acceder a servicios de seguridad social, atención médica y hasta una pensión. El gradiador lamentó que muchos luchadores en retiro viven sólo con el recuerdo de sus glorias, pero sin condiciones mínimas de seguridad social.
Otro sector que también pidió ampliación de derechos fue el gremio de los transportistas, pero no sólo eso, sino también que se les garantice una serie de subsidios que los absuelva de pagar impuestos y derechos.
El dirigente de la Coalición Nacional de Transporte Urbano, José Erasto Vázquez, dijo que la accesibilidad y movilidad a través de un transporte público seguro y cómodo debe ser considerado como un derecho humano fundamental, que debe estar consagrado en la Constitución local.
Pero agregó que para dar un mejor servicio ese sector requiere de apoyos y facilidades, por ello en su propuesta de adición al artículo 17, se plantea que los concesionarios y permisionarios queden exentos del pago de cuotas de peaje en autopistas, así como de la Tenencia, la Revista Vehicular, de Impuestos sobre Nóminas y pagos de derechos por control vehicular, de tal modo que los costos de operación no se incrementen y tampoco suban las tarifas a los usuarios.
El trabajo en Comisiones
Una de las comisiones legislativas que más ha avanzado en la discusión de los artículos que le toca dictaminar es la de Desarrollo Sostenible. Sus integrantes entraron hoy al análisis del artículo 21 inciso D, el cual hace referencia al desarrollo rural.
En esa parte de la iniciativa se abordan aspectos como la prohibición para que en la capital del país se utilicen productos genéticamente modificados que causen daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad, pero también a la obligación de que las zonas rurales de la ciudad serán protegidas y conservadas, promoviendo un aprovechamiento racional y sostenible para garantizar el derecho a la tierra.
Es tan amplia la regulación que ese artículo y su inciso abarcan, que los temas van desde los servicios ambientales hasta el desarrollo agropecuario, pasando por procesos de cooperación, convivencia e intercambio económico e intersectorial.
A tal grado es complejo el artículo 21 inciso D, que la propia diputada constituyente y designada por Clara Jusidman dijo que “estamos en medio de un lío”.
Jusidman, quien integró el grupo redactor del proyecto de Constitución, consideró que se debe recomponer todo el inciso e incluso habló de desaparecerlo, “porque estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de suelo y estamos hablando de los habitantes, así como el desarrollo de actividades productivas, entonces a lo mejor vale la pena referirse a actividades productivas en el capítulo de bienestar social y economía redistributiva, y otras preocupaciones meterlas en medio ambiente y en suelo”, explicó.
La legisladora aclaró que el contenido de ese inciso fue planteado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del gobierno local.
Extrañamente el planteamiento de Jusidman no encontró eco entre el resto de los constituyentes. Enrique Provencio, del PRD, dijo que quitar el inciso D llevaría a perder la oportunidad de enfatizar políticas institucionales y que el suelo rural sea protegido desde la Constitución local. En todo caso, dijo el perredista, se necesita afinar la redacción del texto, para hacerlo más específico.
Lo que también quedó en firme es el apartado que considera prohibir el uso de los productos genéticamente modificados.
De referéndum e iniciativa ciudadana
La Comisión de Ciudadanía de la Asamblea Constituyente entró al debate de temas polémicos que se plantean en la iniciativa del Jefe de Gobierno, como el referéndum y la iniciativa ciudadana, y logró los primeros acuerdos entre las bancadas, que perfilan la redacción del futuro dictamen.
Uno de los primeros acuerdos, a propuesta del PAN, es que la Iniciativa Ciudadana tenga un carácter “preferente” y se disminuya el volumen de firmas para que tenga una resolución legal.
La diputada panista Kenia López Rabadán, planteó que se baje la cantidad de firmas que propone el Jefe de Gobierno en el artículo 30 de su proyecto de Constitución. El documento remitido por el mandatario establece que para que se lleve a cabo una iniciativa ciudadana deba contar con el 0.25% de las personas inscritas en la lista nominal.
El PAN propone que esta cifra se reduzca a un 0.13% con el fin de priorizar la participación ciudadana. Actualmente el listado nominal del Instituto Electoral del Distrito Federal es de 6 millones 994 mil 693 ciudadanos. Si se fija en el 0.13% el volumen de firmas para presentar una iniciativa ciudadana, sería de 9 mil 093, contra las 17 mil 486 que plantea el proyecto de Mancera.
Sobre el carácter “preferente” de las iniciativas ciudadanas, al tener esa calificación el Congreso local tendrá la obligación de discutirla en un plazo perentorio, lo que evitará que se vayan a la congeladora.
Respecto a este avance, Kenia López dijo que “la buena noticia es que, por encima de las aparentes rispideces hay diálogo y se están logrando los primeros acuerdos en esta Comisión, que es muy importante, porque es la que fija el ordenamiento constitucional que permitirá desarrollar la ciudadanía de quienes habitan esta capital.”
Otro tema sobre el que se perfilaron acuerdos al seno de la Comisión de Ciudadanía es el del referéndum. En una sesión celebrada esta noche, los legisladores que integran ese grupo de trabajo, particularmente los del PRD, de Morena y del PAN manifestaron coincidencias para agregar que un 10% de las asambleas ciudadanas podrán solicitar la realización de un referéndum.
En el artículo 30 inciso C, se plantea el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas a la Constitución local, las disposiciones normativas de carácter general y la participación en el proceso de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se explica que quienes solicitar el referéndum son el 0.4 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la ciudad, aunque ahí existe una propuesta del PRD y del PAN para bajar ese porcentaje a 0.2 o 0.25 por ciento respectivamente.
También podrán solicitar el referéndum una tercera parte de los diputados locales, un tercio de las alcaldías, los pueblos originarios y comunidades indígenas en materias de su competencia y los organismos autónomos en los asuntos que les competan. Con el planteamiento del PRD, Morena y el PAN, se sumarían el 10 por ciento de las asambleas ciudadanas.
Durante la discusión de esta noche en la Comisión de Ciudadanía, ningún diputado del PRI y de los designados del Ejecutivo federal estuvieron presentes.
