Ciudad de México.- Integrantes de 10 organizaciones sociales de corte conservador, como la Unión Nacional de Padres de Familia, el Frente Nacional por la Familia, Ciudad Posible y Juntos por México, anunciaron hoy que han promovido 178 amparos en contra de la Constitución de la Ciudad de México.
En conferencia, dieron a conocer que 165 amparos son ciudadanos y contra diversos artículos de la Constitución local, seis son contra la negativa de someter el texto constitucional a plebiscito, otros seis contra la no audiencia al dictaminar diversas propuestas ciudadanas por parte del Constituyente, uno más presentado ayer por no haberse consultado a pueblos originarios y un juicio de protección de derechos políticos contra la negativa de plebiscito.
En la conferencia se encuentraron José Luis Luege, de Ciudad Posible; Guadalupe Alvarado, de la Unión Nacional de Padres de Familia; Rodrigo Iván Cortés, del Frente Nacional por la Familia; Carlos Valles, de Juntos por México, y los abogados Raúl del Prado y Fernando Zúñiga, quien acusan que 31 de los 71 artículos de la Constitución de la Ciudad violan la Carta Magna federal.
Luege acusó que el texto aprobado en enero pasado por la Asamblea Constituyente no se trata de una Constitución, sino de una plataforma ideológica. Explicó que el último de los amparos promovidos se presentó ayer, y en este se acusa que se incumplió el requisito de someter el documento a consulta de los pueblos originarios de esta Ciudad.
Se le cuestionó que la Comisión de Pueblos de la propia Asamblea Constituyente sí realizó esa consulta, la cual se llevó a cabo entre diciembre y enero pasados, y de esta se generó el documento que llevó a la aprobación de los artículos 58 al 60 de la Constitución local.
Luege dijo que aquella consulta fue una simulación; además, expuso que en el amparo se argumentó que la consulta no se realizó desde el inicio, es decir, antes de que incluso el Jefe de Gobierno remitiera su propuesta a la Asamblea Constituyente.
Por su parte, el abogado Fernando Zúñiga, explicó los argumentos jurídicos utilizados para promover los amparos, en virtud de que la Constitución de la Ciudad no ha entrado en vigor y la defensa vía amparo sólo aplica para normas que ya se encuentren en aplicación.
El argumento central, dijo, se basa en el hecho de que la Constitución de la Ciudad de México ya no tiene la posibilidad de ser cambiada, toda vez que desapareció al haberse publicado el texto constitucional.
Recordó que luego de la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos, la cual data del año 2011, se marca la obligación a jueces y tribunales de dotar la máxima protección en materia de derechos humanos y no hay mayor protección que, ante una norma que entrará en vigor, se haga un estudio sobre su constitucionalidad.
“A los jueces les estamos pidiendo que hagan un estudio sobre esa constitucionalidad para que la norma, una vez que entre en vigor, no genere perjuicio hacia los ciudadanos”, agregó el abogado Zúñiga, quien expuso que este argumento es muy similar a los que se usan en materia penal, respecto a actos inminentes como lo es una orden de aprehensión.
Explicó que cinco juzgados, de 16 en los que se han interpuesto amparos, han desechado los recursos promovidos y el resto está pendiente de resolver el proceso de admisión, el cual se vence mañana viernes. Para el caso de los que han sido desechados se interpondrá un recurso de queja ante tribunales colegiados. Dijo que uno de los seis amparos presentados y que ya fue admitido, relacionado con la negativa a realizar un plebiscito.
Carlos Valles, de la organización Juntos por México, acusó que durante el proceso de debate, dictaminación y aprobación de la Constitución capitalina, más de mil 200 propuestas ciudadanas no fueron consideradas para su incorporación en el texto constitucional. Agregó que una Constitución que no respeta el derecho a la vida no merece ser respetada, y una Constitución que no es respetada.
Rodrigo Iván Cortés, dijo que la Constitución capitalina viola los artículos primero, 14, 16, y 122 de la Constitución federal, ya que considera un marco de derechos humanos diferenciados que incluso se contraponen a tratados internacionales, además de que vulnera la seguridad jurídica en materia de libertad de pensamiento, conciencia y culto, y viola el derecho de los hijos a ser educados por su madres y padre, al establecerse que toda persona (incluso los menores de edad) tienen derecho a decidir sobre su sexualidad y con quienes compartirla.
