Ciudad de México.- El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todavía no inicia sus operaciones, pero los Gobiernos capitalinos y federal ya iniciaron la disputa sobre quién llevará mano en cuanto al destino de las 710 hectáreas que ocupa el actual puerto aéreo.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha lanzado una campaña, a través de una consulta ciudadana y opiniones técnicas-jurídicas, para proponer al gobierno federal qué hacer con esos terrenos, una vez que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez deje de funcionar.
En el documento que se hizo público hace unos días, refiere que el gobierno de la Ciudad de Méxito tiene la facultad para decidir sobre el uso de suelo.
Mancera también pidió que se blinde la zona desde el punto de vista hidráulico pues el área es susceptible de inundaciones.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Salomón Chertoriski, precisó que desde el punto de vista del gobierno de la ciudad «queda muy poco tiempo para elaborar un plan urbano en el terreno que deja el aeropuerto. Si es cierto, y tomamos en serio las afirmaciones del Gobierno Federal, el 20 de octubre del 2020, a las siete de la mañana, aterrizará el primer avión en el Nuevo Aeropuerto».
También sostuvo que el gobierno de la Ciudad de México «no cree ni apuesta por un litigio que puede durar décadas en detrimento de la vida de millones de capitalinos. Al contrario, el Jefe de Gobierno cree, apuesta y trabaja por el diálogo y la coordinación. Por eso no caben los anuncios unilaterales en torno a obras decididas por un solo nivel de gobierno y cuyo único argumento es “la propiedad” de los terrenos», advirtió.
«El Gobierno de la Ciudad tiene preeminencia sobre los usos del terreno, sometido a un régimen de coordinación con los gobiernos federal, delegacionales y municipales que es preciso poner en marcha cuánto antes», sostuvo.
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, apuntó que la propiedad de los terrenos del hoy AICM es del gobierno federal.
Al respecto, Mancera reiteró que el tema no es la propiedad del terreno sino que la Ciudad de México es quien tiene la facultad sobre el uso de suelo de las 710 hectáreas.
El predio es propiedad federal pero se ubica dentro de la delegación Venustiano Carranza en la capital del país.
