Ciudad de México.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que, debido al decreto presidencial sobre medidas de austeridad en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se verán frenadas sus actividades esenciales por lo que se paralizará su funcionamiento.
La CEAV destacó que, a diferencia de otros órganos gubernamentales, ésta en particular resentirá el recorte el 75% del presupuesto para la operación ya que no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, aunado a que la mayoría de los servicios son subcontratados y mucho del personal está trabajando con plazas eventuales o bajo el esquema de outsorcing.
La Comisión tiene pendientes 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios; no obstante a esto y a que la CEAV se encuentra en el supuesto de excepción de dicho Decreto, según argumentó, su reducción en gasto corriente ascendería hasta los 139.4 millones de pesos.
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Entre las responsabilidades de la Comisión Ejecutiva están “garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”, precisa en un comunicado.
Según sus propios cálculos, los gastos de renta y otros servicios -como agua- para su funcionamiento en lo que resta del año son de 121.9 millones de pesos.
“La CEAV refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas”, garantiza dentro del comunicado.
Las consecuencias
En el resto del comunicado se enlistan algunas de las repercusiones que dejaría el recorte al presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 que corresponden a Materiales y Suministros y a Servicios Generales como ajuste de nóminas, no contar con servicios en los 32 Centros de Atención Integral, incumplimiento de contratos que detonarían en demandas, pérdida del alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
Además, no funcionarían los traslados para que víctimas acudan a juzgados o a donde deban asistir; no se podría brindar apoyo jurídico a mil 847 víctimas al año; no se podría tramitar la entrega de las medidas de ayuda a más de 5 mil víctimas mensuales; víctimas no tendrían a dónde acudir por ayuda psicológica, social, médica o jurídica; al perderse el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), no se podrían otorgar ayudas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.
Sin los abogados suficientes se impediría que víctimas puedan acceder a la compensación; no se podrían implementar las reparaciones colectivas dictadas; quedarían pendientes mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite –como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, ABC-; desarticulación del área responsable de atender retrasos en solicitudes.
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No habría personal para dar seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales federales; quedarían pendientes programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual; se desmantelaría la Dirección de Comunicación Social.
Ante todo lo anterior, la CEAV consideró que la atención a víctimas del Estado -a la vez que se garantizan sus derechos-, “es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz”.
