Ciudad de México.-La Comisión de Transparencia del Congreso capitalino aprobó hoy el dictamen por el que se crea la nueva Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la legislación anterior al declarar vicios de procedimiento en su aprobación.
Del dictamen destaca que la ley se reduce de 73 a 59 artículos, pues se elimina por completo el capítulo relacionado con el nuevo fiscal anticorrupción, por lo que todos los ordenamientos relacionados con los requisitos para ocupar ese cargo, atribuciones y forma de elección de ese nuevo funcionario se expondrán ahora en un capítulo que se añadirá en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia local.
De acuerdo con el diputado presidente de la Comisión de Transparencia del órgano legislativo, Carlos Castillo, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General también se agregará un capítulo para incorporar ahí todos los requisitos, procesos de designación y facultades del futuro Fiscal Electoral de esta Ciudad.
La Plataforma Digital
La nueva Ley del Sistema Anticorrupción también cuenta con menos artículos respecto a la legislación que ya no tiene invalidez, pues se eliminan artículos relacionados con el funcionamiento de la Plataforma Digital, en donde originalmente se publicarían aspectos como la evolución de la declaración patrimonial de servidores públicos, un listado de funcionarios y particulares sancionados, un sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como otro sistema de Información Pública de Contrataciones.
De esta forma, ese nuevo ordenamiento ya no contempla que los integrantes del Sistema Local promoverán la publicación de la información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la Ley de Transparencia de la Ciudad.
Tampoco existirá un Sistema de Información Pública de Contrataciones con información pública que remitirían las autoridades competentes al Comité Coordinador
Antes se preveía que las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serían del conocimiento público cuando éstas contuvieran impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como personas servidoras públicas o como prestadores de servicios o contratistas del sector público.
El diputado Carlos Castillo dijo que la propuesta de eliminar todos los artículos anteriores del capítulo denominado Plataforma Digital fue a propuesta de la también legisladora de Morena Guadalupe Chavira.
La razón para reducir los artículos, dijo, obedece a que toda esa información estará contenida en una plataforma digital nacional, la cual tendrá los mismos alcances y propósitos para a una escala y con una base de datos mucho más amplia, pues será de todo el país.
De esa forma, no tenía razón de ser duplicar una plataforma local, explicó.
Durante la discusión en comisiones se aprobó una reserva para ampliar de 20 a 30 días el periodo para que el comité de selección pueda emitir la convocatoria y desarrollar el proceso de designación del Comité de Participación Ciudadana y de los contralores internos de la Comisión de Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y del Instituto Electoral, pues los cargos anteriores también quedaron sin validez por la resolución de la Corte.
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